La CHE vuelve a multar a una empresa catalana por regar en Nonaspe sin concesión de agua

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha vuelto a sancionar a una empresa frutícola catalana por regar unas 30 hectáreas de cultivo en el término municipal de Nonaspe sin tener la correspondiente concesión de agua. La entidad ya fue multada con 3.000 euros en 2013, pero este año la CHE le ha castigado con otros 10.000 por reincidencia. Además, se da la circunstancia de que su responsable está imputado por un posible delito ambiental en una causa penal que instruye el Juzgado de Caspe y que tiene su origen en una denuncia de los agentes de protección de la naturaleza (APN) del Gobierno de Aragón. 

La empresa, domiciliada en el municipio leridano de Soses, es una sociedad agraria de transformación (SAT) constituida para la producción, preparación y comercialización de productos agrícolas –en este caso, fruta–. El año pasado fue multada con 3.005 euros por regar sin autorización parte de los terrenos que cultiva en Nonaspe –unas 30 hectáreas de un total cercano a las 80–. Sin embargo tras ese primer expediente la CHE le abrió otro procedimiento sancionador en respuesta a una denuncia de los regantes del Matarraña –los caudales derivados ilegalmente proceden de ese río, aunque se captan a través de la acequia de Monfalla–.

La sociedad presentó alegaciones, pero eso no impidió que la Confederación volviera a multarle con 10.001 euros por reincidencia. La primera sanción fue calificada como una falta leve por los instructores del expediente, pero la segunda pasó a ser una infracción menos grave –en ambos procesos, el organismo de cuenca tuvo en cuenta que no se produjeron daños en el dominio público hidráulico–.

En cualquier caso, esta no es la única polémica vinculada a la actividad de la denominada SAT 1.560 Nonaspe, ya que en el año 2011 los APN del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la DGA denunciaron a esa misma explotación –que entonces estaba a nombre de Frutas Hermanos Espax S. L.– por realizar una transformación agraria no autorizada de 86 hectáreas en un paraje de Nonaspe que está protegido como zona de especial protección para las aves (ZEPA).

Los agentes de protección de la naturaleza también denunciaron roturaciones y cambios de cultivo ilegales, ocupaciones de monte público y de dominio público hidráulico, transformaciones en regadío sin disponer de la correspondiente concesión de caudal, extracciones de áridos sin permiso y obras sin licencia. Tras analizar los hechos, la Fiscalía remitió la denuncia al Juzgado de Caspe, que abrió diligencias y que imputó al responsable de la empresa por un posible delito ambiental –podría haber más imputados, pero esa información no ha trascendido–.

La causa penal sigue abierta, aunque no ha habido novedades al respecto desde hace más de un año. Al parecer, todavía están pendientes diversas pruebas testificales y documentales, aunque el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ya hizo un informe que confirmó la existencia de roturaciones ilegales.El caso de La Herradura

El caso tiene evidentes similitudes con el de La Herradura de Caspe. En esa otra causa, el juzgado caspolino investiga los delitos que han podido cometerse durante la tramitación y la ejecución de distintas obras ilegales realizadas en una finca agrícola propiedad de la empresa del mismo nombre. Ya hay 17 personas imputadas por la juez, y el Seprona ha puesto de manifiesto que la empresa ha transformado en regadío casi el doble de superficie de la que le fue autorizada por el Departamento de Agricultura afectando a una ZEPA.