La titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, Begoña Miguel, acaba de pronunciarse a favor de una pareja de jubilados zaragozanos para que les sean devueltos, con los intereses legales correspondientes, los ahorros que tenían depositados en una sucursal de la antigua Caja España, ahora Banco CEISS. El director de la oficina convenció al matrimonio para que invirtiera los 18.000 euros que le habían dado al hombre por su despido en obligaciones subordinadas, un complejo producto financiero de cuyos riesgos no fueron informados. Para la magistrada, este contrato debe considerarse nulo, puesto que los denunciantes dejaron claro que no querían riesgos y aún así les vendieron el producto garantizándoles que podrían retirar el dinero en cualquier momento "en un plazo máximo de 15 días".

Cuando la pareja, a la que ha asistido durante todo el proceso la letrada María José Escolá Hernando, presentó la demanda, la entidad solicitó a la juez su desestimación argumentando que habían respetado en todo momento la legalidad. Sin embargo, el fallo ha sido tan rotundo que Banco CEISS ni siquiera ha intentado recurrirlo y ya ha depositado en la cuenta del juzgado la cantidad que estipula su titular.

A la hora de condenar, la magistrada ha tenido muy en cuenta la escasa información que recibió la pareja cuando prácticamente fue  convencida para que suscribiera las obligaciones subordinadas (vinculadas al mercado secundario de valores). Recuerda la juez en su sentencia que estos jubilados habían hecho un depósito a plazo fijo en esta misma sucursal en 2008 y que fue el propio director quien les llamó al vencimiento para decirles que quería hablar con ellos.

La pareja tenía mucha confianza en el responsable de la oficina, puesto que lo conocían "de siempre". Por ello, cuando acudieron a la cita para ver qué hacían con sus ahorros los demandantes le dijeron que querían renovar el plazo fijo. Sin embargo, el director les explicó que ya no comercializaban ese producto y les propuso suscribir la obligaciones subordinadas asegurándoles que era "un producto similar". Como recuerda la juez en su sentencia, el hombre le advirtió de que "sobre todo no querían riesgos, que no quería bolsa, que fuera una cosa segura y que pudieran sacar el dinero cuando quisieran". Llegaron a contarle que no tenían hijos, pero tenían miedo de que por cualquier enfermedad o contingencia pudiesen necesitar sus ahorros.

Pese a las advertencias de la pareja al responsable de la sucursal,  este les convenció para que contrataran el producto. El problema se planteó en mayo de 2013, cuando los demandantes recibieron un carta del banco comunicándoles que les habían descontando 1.200 euros.Cuando se acercaron a la sucursal para ver qué sucedía, estos se enteraron de que no solo habían perdido esa cantidad sino que no podían retirar el resto de su dinero. Fue entonces cuando se sintieron engañados y decidieron poner el asunto en manos de un abogado.La entidad falseó el test Mifid

A la hora de comercializar un producto financiero de alto riesgo, los bancos están obligados a someter a los potenciales clientes al llamado test de Mifid, diseñado para evitar que personas sin preparación puedan adquirir algo que, por su complejidad, ni siquiera pueden comprender. "Mis clientes aparecían en este test como personas con estudios superiores, que habían trabajado en el sector bancario, que habían suscrito antes este tipo de productos financieros de alto riesgo, cuando en realidad el hombre solo tiene estudios de primaria y su esposa, ni siquiera eso", explica la letrada de la pareja.

Según los demandantes, cuando a ellos les hicieron suscribir las obligaciones subordinadas hubo otras muchas personas mayores a las que se las vendieron y también han perdido sus ahorros. A ellas invitan ahora a seguir sus pasos y denunciar sus casos.