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Zaragoza

Gimeno achaca los 241 días de morosidad a las facturas judicializadas de Tuzsa

Contradice a los técnicos y considera que los 23,2 millones que la antigua contrata del bus reclama al Ayuntamiento y que están impugnados deberían quedar excluidos del cálculo

M. L. R. 11/09/2014 a las 06:00
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El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, achacó ayer el acusado aumento que ha registrado la morosidad de los gastos impagados a los 23,2 millones de euros en facturas que reclama Tuzsa y que se han impugnado por la vía judicial. Es más, consideró que esas facturas deberían quedar excluidas a la hora de calcular la demora que arrastran  las facturas pendientes, por lo que de este modo el número de días se reduciría sustancialmente.

Tal y como publicó ayer este diario, el informe de morosidad  del segundo trimestre, elaborado por los técnicos municipales, confirma un incremento en el retraso del pendiente de pago. Según el documento, al cierre de junio había 2.278 gastos sin satisfacer, por valor de 53,3 millones de euros. De esta cantidad, 1.889 facturas, que suman 15,6 millones estaban dentro del periodo legal de pago, mientras que otras 389 (37,7 millones), estaban fuera de plazo. En total, la morosidad media de las facturas pendientes de pago ascendía a 241,83 días. En el caso de las facturas pagadas durante el trimestre (5.759 por valor de 117 millones), el retraso era de 118 días. En ambos indicadores, se supera el periodo legal de 60 días.

El gobierno considera que las facturas de Tuzsa distorsionan los indicadores referidos al pendiente de pago. Contradice a los técnicos e indica que esos 23,2 millones no deberían computarse y que sin ellos se reduciría drásticamente la ratio de morosidad.  Hay que recordar que el Ayuntamiento recurrió en febrero a los tribunales, para iniciar un procedimiento de lesividad, dado que creía que parte de los pagos que se habían hecho a Tuzsa eran incorrectos y que se debía resarcir al erario por ello. Esa deuda de 23,2 millones de euros, entre otras cuestiones, quedó a la espera de la decisión judicial.

Con esta medida el vicealcalde, Fernando Gimeno, logró reducir rápidamente la cuenta que suma las denominadas facturas en los cajones (sin consignación), para acercarse a los objetivos fijados por el plan de ajuste. Pero, por contra, empezaron a engordar los parámetros vinculados a la morosidad del pendiente de pago, como confirma el último informe.

El gobierno se aferró ayer a un informe del interventor, que hace referencia a un proyecto de ley que modificaría el cálculo de la morosidad de las administraciones. La citada normativa, pendiente de aprobación, dejaría fuera del cálculo aquellas facturas que hayan resultado retenidas por embargos,  procedimientos administrativos y judiciales.

Según el interventor, esto alteraría otro indicador, el de los gastos que, después de tres meses en el registro de facturas, siguen sin estar reconocidos: 108 operaciones que suman 27,2 millones y que arrastran 409 días de retraso. El interventor cree que esto obligaría a excluir los vinculados a Tuzsa (un 85%) de este indicador. Pese a que ni lo dice el interventor y ni el informe de morosidad, el gobierno hizo ayer extensivo ese criterio a los  241 días que figuran en la documentación oficial sobre las facturas pendientes.

A la espera de que presente un nuevo cálculo, destacó el dato de los 118 días que computaron las facturas que se pagaron en el segundo trimestre, una demora que como informó ayer este diario mejora los resultados de los dos últimos informes, aunque empeora los registrados en el mismo periodo del año anterior.

Según los cálculos del gobierno, a finales de agosto, el Ayuntamiento pagaba a 90 días. Señaló  además que el informe de morosidad revela un periodo de pago excedido de 81 días, pero consideró que con los futuros criterios del Ejecutivo central esta demora oscilaría entre los 21 y 51 días. Recordó que los periodos de pago mejorarían si el resto de administraciones pagasen sus deudas con el Ayuntamiento (unos 50 millones).
 







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