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Zaragoza

Modesto Lobón asegura que el servicio público de recogida de los cerdos muertos es "legal"

El consejero recalca que se está rebajando el precio de la prestación para los ganaderos y les promete el pago de las ayudas compensatorias, aunque sea con retraso

E. P. P. 31/08/2014 a las 06:00
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La recogida de cerdos muertos en las explotaciones, que realiza la empresa pública Sarga del Gobierno de Aragón, es "legal por la particularidad del servicio", ya que se trata de una cuestión sanitaria que no se puede dejar al albur de la economía de mercado. El consejero autonómico de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, responde así al sector porcino que se plantea denunciar la situación de "monopolio" ante la Comisión Europea. Los productores entienden que atenta contra la ley de la Competencia, ya que tienen la obligación de usar el servicio público a pesar de que conseguirían un precio mejor en las empresas privadas. 

No obstante, Lobón dice comprender la protesta del sector, que hizo pública el miércoles José Luis Lavilla, el presidente de la Asociación Pecuaria Oscense (Asopeco). El consejero asegura que se han tomado medidas provisionales, pero que están buscando "la solución definitiva" con el objetivo de resolverlo "de la mejor manera posible". Resaltó que es consciente de que se trata de garantizar la rentabilidad frente a sus competidores porque "es un sector importantísimo en Aragón". Solo la provincia de Huesca cuenta con 1.842 explotaciones, 1.095 en Zaragoza y más de 750 en Teruel, en un sector que emplea a 10.000 trabajadores.

Lobón admite la queja de los ganaderos porque el coste (0,23 euros por kilo) es más elevado del que pagan en Cataluña (0,16 euros por kilo). Sin embargo, también recuerda que es un 25% más bajo que la media nacional e incluso un 9% menor que en las comunidades del entorno, excepto la citada. En este caso, justifica que la concentración de muchas explotaciones permite esta diferencia. No obstante, también recuerda que en el inicio de la legislatura se pagaba a 0,34 y se ha conseguido reducir hasta los 0,23 euros. Por ello, asegura que seguirán trabajando en este sentido.

Mientras tanto, y para compensar esta diferencia, recuerda que se pactó una línea de ayudas a los ganaderos para las pólizas de recogida de Agroseguro de los años 2013 y 2014. El lunes se abonó una parte, aunque también admite que no se está pagando a tiempo. "El resto ya está tramitado. Estamos pagando, lamentablemente, con retraso pero, aunque sea más tarde, cobrarán las ayudas", promete. 

No a la privatización

No obstante, en esa solución definitiva el consejero descarta la propuesta de la Asociación Pecuaria Oscense (Asopeco), que sugiere que la empresa pública Sarga siga encargándose de la recogida de los animales muertos al precio actual de 0,09 por kilo, pero en el proceso final de destrucción quieren tener libertad para acudir a una empresa privada. Esto se debe a que, tras mantener un encuentro el pasado miércoles con los responsables de una planta de Zaidín, podrían conseguir un precio total de 0,18 euros por kilo frente al 0,23, que ahora se ven obligados a pagar al Gobierno de Aragón. No obstante, la privatización parcial se descarta y, en este sentido, Lobón recuerda que la moción aprobada por el PP, PAR y PSOE en las Cortes de Aragón habla de respetar el control público en la búsqueda de esa solución.

Otra de las quejas de los productores es que el Gobierno de Aragón sacó a concurso la recogida en la comarca de La Litera y se la adjudicó por 0,11 euros el kilo a una empresa de Balaguer (Lérida) de forma que, frente al precio que cobra a los ganaderos aragoneses, tiene un beneficio de 0,12. Según señalan, la justificación del Gobierno de Aragón es que sirve para compensar las pérdidas en otras comarcas. En este sentido, el consejero del sector explica que una de las ventajas del servicio es que es un precio "equitativo" para todos los ganaderos del territorio. 

Lobón no solo insiste en que es "legal" que una empresa pública preste el servicio sino que también afirma que sirve como garantía del control sanitario. Por ello, se pregunta qué podría pasar si se liberaliza y después las empresas privadas suben los precios.
 







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