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Zaragoza

Condenada una ginecóloga por una ligadura de trompas que no evitó un embarazo

La denunciante, que ya tenía tres hijos cuando decidió someterse a la operación de esterilización, será indemnizada con 141.709 euros

M.A. Coloma 30/08/2014 a las 06:00
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El alumbramiento de un niño nunca puede ser considerado como un daño o un mal en sí. Sin embargo, el propio Tribunal Supremo reconoció hace tiempo que un nacimiento no deseado puede acarrear unos daños morales y patrimoniales susceptibles de indemnización. De ahí que una zaragozana que se quedó embarazada en 2008 pese a haberse sometido a una ligadura de trompas decidiera denunciar a la ginecóloga que le practicó la fallida intervención quirúrgica. La mujer tenía ya tres hijos, por lo que este cuarto embarazo no solo le supuso un quebranto a su voluntad, sino también unos importantes gastos extras. Perjuicio que tras un largo litigio judicial ha terminado reconociendo la Audiencia de Zaragoza, condenando a la médico y a la aseguradora Zurich a compensar económicamente a los padres del niño con 141.709 euros: la mayor indemnización que se ha concedido por un caso similar en España.

La denuncia recayó en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza, que ya dictó una primera sentencia condenatoria en septiembre de 2013. Sin embargo, tanto los demandantes –a los que representaban los letrados Mariano Montesinos Loren, Ana Elvira Ramos Langa y María Begoña del Río García– como los demandados recurrieron el fallo. Los primeros, porque entendían que la cuantía establecida por el juez se quedaba muy por debajo del más de medio millón de euros que reclamaban. En cuanto a la ginecóloga y Zurich, existían cuatro objeciones: prescripción de la causa; que se había informado a los padres de la probabilidad de que la técnica quirúrgica utilizada no fuera efectiva; que no había existido infracción de la lex artis; y que el seguro no cubría el "siniestro" en cuestión.

Finalmente, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial ha desestimado todos los recursos y ha ratificado íntegramente la sentencia original. Incluido el apartado en el que se reconoce a los padres el derecho a cobrar una importante cantidad en concepto de intereses legales, ya que aunque la denuncia se interpuso en 2009 no ha sido hasta ahora cuando han podido ser resarcidos económicamente. De hecho, del importe total a percibir, 67.709 se corresponden a intereses, ya que el juez estimó que la aseguradora no actuó de acuerdo con lo establecido legalmente para estos casos.

El error salió a la luz con la cesárea

Según el perito judicial designado para este caso, la doctora demandada cumplió con su obligación de informar a los demandantes de los riesgos que entrañaba una operación de ligadura de trompas. Sin embargo, a partir del "contundente" informe emitido por este profesional el juez llegó a la conclusión de que la ginecóloga "cometió un error al llevar a cabo la intervención, pues si bien la trompa izquierda de la paciente quedó perfectamente ligada, no ocurrió lo mismo con la derecha". De hecho, la cesárea a la que se sometió a la parturienta tras dar a luz a su cuarto hijo permitió comprobar que la doctora había confundido la trompa y el ligamento redondo, ya que fue este último el que acabó ligando. Los especialistas reconocen que la estructura de ambos es similar, pero entienden que una ligadura por cirugía abierta –que fue la que se practicó– "permitía asegurar una correcta actuación".

Una vez recuperados del impacto que supone encajar un embarazo no esperado –especialmente, cuando es el cuarto– y que se había intentado evitar con cirugía, los padres decidieron acudir a los tribunales. Al hacerlo, expusieron una larga lista de motivos por los que se consideraban lesionados. Al margen de los morales, recordaban que el alumbramiento de este hijo les había obligado a afrontar importantes imprevistos. Por ejemplo, un cambio de coche, ya que acababan de adquirir un vehículo de cinco plazas y al nacer el bebé tuvieron que comprar otro de seis. El juez consideró este hecho realmente un perjuicio y consideró que los demandantes debían ser indemnizados por este concepto con 24.000 euros. Alegaron también que tuvieron que adquirir una casa distinta a la proyectada, pero, en este caso, al no existir prueba material del daño, el juez no estipuló compensación alguna.
 







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