CHA exigió ayer la retirada de la ley de Telecomunicaciones aprobada el pasado mayo y que permite, entre otras cuestiones, la expropiación de una azotea para la instalación antenas de telefonía. La concejal nacionalista Leticia Crespo aseguró ayer que estas instalaciones generan «contaminación electromagnética que supone un riesgo para la salud de las personas» y denunció que la ley se entromete y «arrasa con la competencia de los municipios en este ámbito».

Así, CHA anunció que llevará a cabo iniciativas tanto en el Ayuntamiento como en las Cortes, donde pedirán a la presidenta Rudi que defienda la capacidad de decisión de cada localidad «sobre dónde y cómo se instalan estas infraestructuras». CHA ya apoyó la propuesta de la plataforma estatal creada en este sentido para reclamar a la Defensora del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra esta nueva ley. A su juicio, con el nuevo texto legal «las grandes beneficiarias son las grandes compañías de telecomunicaciones».