Archivan la causa contra dos hermanos acusados de una presunta macroestafa

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra los hermanos Rubén y Jesús R. A., a los que la Guardia Civil llegó a considerar cerebros de una presunta macroestafa en la que habrían sido resultado perjudicados decenas de ancianos.

El primero es el delegado en Aragón de Signo Editores, empresa para la que el segundo trabajaba también como comercial. Y de los que se les acusaba era de pergeñar una agresiva política de ventas para aprovecharse de personas seniles o de perfil cultural bajo, ofreciéndoles supuestos regalos por los que terminaban pagando hasta 5.000 euros.

Fueron dos empleados de Signo Editores los que dieron pie a la investigación al presentar una primera denuncia en el cuartel de Villanueva de Gállego alertando de la supuesta macroestafa. Según estos, la empresa contactaba con antiguos clientes y les hacía creer que, debido a su fidelidad, habían sido agraciados con distintos premios. Sin embargo, aseguraban los denunciantes, todo era un engaño, ya que a estas personas se les hacía firmar un contrato que les obligaba a pagar el supuesto regalo.

Presumiendo que podría haber muchos afectados por este macrotimo, la Guardia Civil llegó a publicar un anunció en prensa escrita, a modo de reclamo, pidiendo a los posibles perjudicados que contactaran con los investigadores. A esta llamada respondieron otras siete personas, que se adhirieron a la denuncia inicial.

La juez no encuentra ilegalidades Sin embargo, tras practicar una serie de diligencias y examinar los contratos de compra-venta, la magistrada ha llegado a la conclusión de que a los imputados –entre los que se encontraba también Juan Manuel S. R., que era el vendedor que visitaba a los ancianos elegidos como ‘clientes VIP’– no cabe atribuirles ningún ilícito penal.

Según la instructora del caso, los supuestos perjudicados fueron visitados por los comerciales de Signo Editores tras concertar una cita con estos, por lo que fueron ellos quienes “voluntariamente” accedieron a recibirles. Además, señala la juez en su auto, estas personas tenían derecho a la revocación de la compra en los siete días posteriores a la recepción de la mercancía y sin alegar causa alguna. Recuerda que en el contrato figuraban un número de teléfono y otro de fax con los que podían contactar, y pese a ello “no lo hicieron”.

En cuanto a la denuncia que presentaron los dos empleados de la editorial y que fue la que dio lugar a las pesquisas, considera la magistrada que las declaraciones de estas personas “no ofrecen ninguna credibilidad, dada la ambigüedad, imprecisión e incorrección de sus manifestaciones”. De ahí que finalmente haya optado por archivar la causa y levantar la imputación a los tres investigados.