Las bicis siguen circulando por las aceras dos meses después de la prohibición del Supremo

Los colectivos ciclistas y peatonales solicitan que se ponga en marcha una campaña de concienciación y que se tomen medidas.
Servicios Públicos dice estar preparado para ejecutar el fallo aunque «el TSJA nos ha comunicado la paralización del procedimiento»

Un usuario del servicio Bizi circulando ayer por la acera del paseo de Pamplona: la ordenanza lo permite pero la ley de Tráfico no.
Las bicis siguen circulando por las aceras dos meses después de la prohibición del Supremo
Aránzazu Navarro

Entre desarrollos legislativos, fallos de tramitación procedimental y compases del espera al nuevo reglamento ya han pasado dos meses. A finales de mayo el Tribunal Supremo confirmó la prohibición de que los ciclistas circularan por las aceras de Zaragoza y, sin embargo, lo siguen haciendo, sin contraindicaciones, y casi en mayor medida dado que en verano prolifera (casi 80.000 desplazamientos diarios) el uso de las bicicletas.


Si en algo están de acuerdo colectivos de ciclistas y de viandantes es que el lugar natural para las bicis es la calzada y que las aceras han de quedar libres para los peatones. No obstante, y dado que la ordenanza municipal sigue permitiendo que las bicis vayan por algunas aceras (las que sean más anchas de cuatro metros de las calles que registren un intenso tráfico rodado) la polémica está servida. Desde el área de Servicios Públicos explican que «se ha estado trabajando en distintas comisiones –una jurídica, otra técnica y una tercera política– y ya está todo preparado para cuando tengamos que ejecutar el fallo». La sentencia –recordamos– declaraba nulos varios puntos de la ordenanza zaragozana y ponía en jaque ingenios como la acera bici de Independencia.


No obstante, aseguran fuentes municipales que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) «ha comunicado la suspensión del curso procedimental debido a una cuestión de forma en la parte del demandante», por lo que el Ayuntamiento vuelve a ganar tiempo antes de tener la obligatoriedad de ejecutar la sentencia. Además, aunque la ley de Tráfico entró en vigor el pasado 9 de mayo, aún se está a expensas del desarrollo del reglamento de circulación y hasta que no se conozca el texto definitivo el Consistorio no se pronuncia.Críticas y confusión

Desde el colectivo Acera Peatonal apuntan que «el Ayuntamiento se escuda en plazos, en comisiones y en borradores pero llevan meses sin tomar medidas efectivas». Fernando Navarro, su portavoz, opina que el hecho de que aún no se haya definido el nuevo reglamento de circulación «no exime para hacer cumplir el que está vigente que también prohíbe que circulen bicis por las aceras». Además, es este un extremo que el nuevo texto normativo no va a cambiar, dado que incluso el propio portavoz socialista en la comisión de Seguridad Vial del Congreso, Carles Corcuera, exigió una norma general que obligara a bajar a los ciclistas a las calzadas.


Parte de la confusión dentro del debate radica en que en uno de los muchos borradores elaborados por la Dirección General de Tráfico sí se contempló, momentáneamente, la posibilidad de que los ayuntamientos establecieran algunas excepciones sobre sus espacios peatonales. Esta fue también la posición del concejal de IU Pablo Muñoz, presidente del Observatorio de la Bicicleta de Zaragoza, que considera que «nadie mejor que cada ciudad conoce sus calles, plazas y aceras» y, por tanto,«con la autonomía municipal se podría analizar espacio a espacio y regular expresamente la circulación ciclista». Este argumento –que también formaba parte de las muchas alegaciones presentadas– parece no haber calado en los redactores del nuevo reglamento que, en su último borrador, prohíbe circular por las aceras salvo a los menores de 14 años.


El grupo municipal del PP pidió ayer que «no se pierda más tiempo» y que se tome ejemplo de otras ciudades como Valencia o Vitoria donde ya se han emprendido campañas de concienciación para sacar a los ciclistas de las aceras. El concejal Sebastián Contín recuerda que en el presupuesto hay 100.000 euros reservados a estos fines y apunta que los trámites para «modificar la ordenanza pueden demorarse cuatro o cinco meses», por lo que lo ideal sería que «hacerlo cuanto antes para que, cuando el reglamento entre en vigor, la norma municipal se ajuste a la estatal».