El consejero de Ibercaja en Plaza: "Fallaron las personas, no los controles"

José Luis Rodrigo, miembro del consejo de administración de Plaza en representación de Ibercaja, ha considerado este miércoles que en esta sociedad, cuya gestión tiene cinco causas abiertas en los tribunales, no fallaron los controles, sino que "fallaron las personas".

Rodrigo ha comparecido este miércoles ante la comisión parlamentaria de investigación en la que se analizan las responsabilidades políticas en la gestión de la plataforma logística de Zaragoza, ante la que ha asegurado que los controles en el seno de la sociedad eran adecuados.

A renglón seguido, ha puesto como ejemplo que si cuatro o cinco ejecutivos de Ibercaja, su entidad, se pusieran de acuerdo, "encontrarían seguro alguna fórmula para burlar algunos de los múltiples controles que existen".

Rodrigo, quien está imputado por supuesta prevaricación administrativa en la reserva de futuros crecimientos y en el proyecto del apartadero ferroviario, ha insistido también en que en el consejo "jamás" se presentó una relación de facturas por obras no ejecutadas.

Y que "jamás" pidió analizar los informes jurídicos o técnicos que justificaban las decisiones que se tomaban en el consejo porque parecía "evidente" dar confianza a los técnicos.

En referencia al caso por el que está imputado, ha explicado que el proyecto del apartadero se planteó bajo la premisa de la "extrema urgencia" y contaba con informes jurídicos que aseguraban que no se incumplía la Ley de Contratos del Estado.

Teniendo en cuenta que no aprobarlo podría causar un grave perjuicio a la sociedad, los miembros del consejo de administración también podrían estar imputados, en este caso por administración desleal, si no lo hubieran aprobado.

Ha relatado además el modo en el que se decidió el cese, en junio de 2011, del gerente de Plaza, Ricardo García Becerril, por pérdida de confianza y a propuesta suya después de que el gerente presentara una certificación de obras de la UTE Plaza por ocho millones de euros que había negociado sin consultar con nadie.

Entonces, ha dicho Rodrigo, no había certeza de que esta actuación pudiera ser delictiva o irregular, pero sí que generó la pérdida de confianza del consejo en la persona del gerente.

Fue él mismo quien propuso la rescisión del contrato de García Becerril, petición a la que se sumaron los otros tres representantes de las cajas (otro de Ibercaja y los dos de CAI), y después de una deliberación los del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Pero no había motivos, ha precisado, para un despido disciplinario, y por eso se optó por destituir al gerente por pérdida de confianza abonándole la indemnización correspondiente.