La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado al alcalde de Manchones, Jesús Pardillos Julián (PAR), a nueve años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa. Su decisión causó perjuicios a la familia Badules, a la que tendrá que indemnizar con 137.614 euros. Los magistrados de la Sección Tercera lo absuelven de las acusaciones de tráfico de influencias y falsificación en documento oficial que también pesaban sobre él.

La Audiencia exonera igualmente al secretario del Ayuntamiento, Javier Ayala, y al concejal aragonesista Florentín Hernández de los delitos de prevaricación administrativa por los que ambos fueron juzgados, así como del delito de falsedad en documento oficial del que se acusaba a Ayala.

En cuanto a la actuación prevaricadora de Jesús Pardillos Julián, la sentencia considera probado que el regidor mantenía una "enconada conflictividad" con la familia Badules, que alcanzó su punto culminante en la condena que recibió por una falta de coacciones de la que fue víctima Alberto Badules, tras denunciarle en el juzgado de Daroca en 2003.

Cinco años después de esta condena, confirmada por la Audiencia en 2004, la familia Badules solicitó al Ayuntamiento de Manchones una licencia de obras para ampliar su granja avícola. A partir de ese momento surgieron los problemas y una serie de acontecimientos que han terminado con la condena e inhabilitación del alcalde, cuyo abogado, Santiago Palazón, ya ha anunciado que recurrirá en casación al Tribunal Supremo.

Antes de hacer la petición al ayuntamiento, la sociedad Félix Badules e hijos S. C. tramitaron ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) una solicitud de autorización ambiental. Como la capacidad final de la instalación superaba el umbral establecido por la ley, gestionaron de forma previa la autorización de la actividad y el procedimiento de Evaluación Medioambiental. Durante el trámite no se hizo alegación alguna, pero cuando el 8 de septiembre de 2008 la DGA solicitó información al Ayuntamiento de Manchones sobre la adecuación de la instalación, el alcalde hizo "una serie de consideraciones interesadas con el propósito de que a la sociedad Félix Badules e hijos no se le otorgara la autorización solicitada al Inaga", según recoge el fallo judicial.

Entre ellas, que la nave estaba dedicada a almacén agrícola; que no estaba situada donde decían los querellantes; que las distancias a las balsas de purines eran diferentes a las que habían señalado los granjeros o que la "inadecuada ubicación de la actividad condicionaba negativamente el desarrollo futuro urbanístico del municipio". Todas estas afirmaciones se demostraron falsas, pero obligó al Inaga a pedir aclaraciones al ingeniero que iba a hacer las obras y a solicitar de nuevo al Ayuntamiento de Manchones que manifestara cualquier aspecto de su competencia.

El consistorio no hizo ningún pronunciamiento, pero el alcalde convocó un pleno municipal para aprobar la suspensión de las obras de ampliación de la granja, ocultando a los concejales que la familia Badules, representadas por el letrado Miguel Lanaspa, había solicitado licencia de obras y actividad. Los denunciantes presentaron otro recurso, pero fue rechazado en otro pleno y justo después se celebró un pleno extraordinario en el que tomó posesión otro edil que podía haber decidido la votación.