Edificar dos pequeñas naves sin los permisos necesarios: 30.000 euros de sanción. Convertir un local comercial en vivienda: 60.000 euros. Y así hasta 1.683.007 euros, los que sumaron los cientos de sanciones impuestas por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza a lo largo de todo el año pasado por ejecutar obras ilegales.

Se trata de una cifra que supera incluso las previsiones municipales, ya que en el presupuesto anual se esperaba el ingreso de 1.500.000 euros en este concepto.

Las infracciones son de lo más variado. Desde construirse un coqueto garaje en una finca rústica no urbanizable (12.000 euros) hasta procurarse un cerramiento de la terraza sin hacer un requerimiento previo al Consistorio (18.000 euros), pasando por la instalación de un aire acondicionado fuera de la ley (6.000 euros) o transformar un trastero en vivienda (27.239 euros).

Son los propios vecinos, la Policía Local o la inspección urbanística los que denuncian a los infractores ante Urbanismo, que pasa a realizar la correspondiente visita a la obra (alrededor de dos al día).

Unas multas que se repiten a menudo son las que deben afrontar, de manera solidaria, las comunidades de vecinos por no acondicionar un solar o espacio común deteriorado o por no acometer las obras necesarias para cumplir con la normativa en materia de acceso para personas con movilidad reducida.

Menos expedientes de apertura

La memoria de 2013 de la Gerencia de Urbanismo destaca que se han resuelto 611 expedientes de licencia urbanística y de apertura, frente a 648 de 2012; 722 permisos de vallas y andamios (707 el año anterior); 8.405 obras menores (frente a 7.480 del ejercicio anterior), entre otras peticiones.

En total, en la Gerencia ha entrado 24.755 expedientes (incluyendo las nuevas demandas, las obras menores, vallas, andamios y sin contar las aportaciones) y se han formalizado 27.779 resoluciones (incluyendo los asuntos generados en consejo de Gerencia) que supone una respuesta eficaz a las demandas del año además de la profundización en la rebaja o la carga pendiente de urbanismo que se sitúa en 5.397 expedientes, muy lejos de los 11.984 de 2007.