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Tribunales

El juicio contra Antonio Becerril y Carmelo Aured, visto para sentencia

  • La fiscal sostiene que el consejero municipal de Infraestructuras y Partición Ciudadana facilitó información a Aured "con la que traficó".
  • La abogada de Becerril cree que "no se ha podido demostrar nada y que su cliente igual es un bocazas, pero es no es delito". 
  • El abogado de Aured dice que debe ser absuelto porque la información que facilitaba a las empresas "estaba disponible al público". 

Europa Press. Zaragoza Actualizada 28/03/2014 a las 17:18
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Antonio Becerril, durante el proceso

El juicio contra el exconsejero municipal de Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza (2007-abril de 2009), Antonio Becerril, y su amigo e intermediario en la compra-venta de suelo, Carmelo Aured, ha quedado visto para deliberación del jurado popular, que deberá emitir un veredicto la próxima semana. Después, el tribunal de Sección Sexta de la Audiencia Provincial dictará la correspondiente sentencia.

En la última sesión de este juicio, el ministerio público ha dado a conocer su escrito de calificaciones, en el que mantiene la petición de cuatro años de prisión Antonio Becerril, por los delitos de delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionario público, cohecho y blanqueo de capitales.

Además, ha pedido para Becerril 16 años de inhabilitación para cargo público y una multa que ha rebajado de los 400.000 euros iniciales a los 93.250 euros, mientras que su defensa reclama la absolución.

Para Carmelo Aured, la fiscal María Victoria Esponera ha rebajado de 2 a 1 año de prisión la petición por un delito de tráfico de influencias, con la accesoria de inhabilitación especial durante el tiempo que dure la condena y una multa de 1.000 euros, en vez de la cantidad de 300.000 euros que solicitaba en su escrito de conclusiones provisionales.

En lo que respecta al apoderado de la empresa Áridos y Hormigones Pedrola, Juan Carlos Esteban, su acusación ha sido retirada. En principio, la fiscal pedía para él una pena de 18 meses de cárcel por tráfico de influencias y multa de 300.000 euros.

Una infedelidad con la adminhistración pública

En su intervención, de casi dos horas y media, la fiscal ha justificado el delito de tráfico de influencias del que considera autor a Becerril porque "facilita información a Aured con la que trafica y obtener un beneficio económico". Ha explicado que éste "da la impresión de que utiliza su amistad con el concejal para obtener información que ofrece a terceros" para compararlo con una "infidelidad y aquí la esposa es la administración pública a la que se ha ninguneado y quedado como tonta".


En este sentido, ha abundado más al indicar que "se le acusa de dar información a su amigo con unos días de antelación a hacerse pública y para que la de a terceras personas".

También ha precisado que aunque el Ayuntamiento de Zaragoza no esté personado en la causa "no significa que no se haya quebrantado la objetividad e imparcialidad" con la que debe actuar todo funcionario público, como entonces lo era Becerril.

Contrato de 800.000 euros

Sobre el delito de negociaciones indebidas, la fiscal ha estimado que "Aured influye tanto que consigue que Becerril intermedie en una obra privada" de los emisarios de aguas pluviales que realiza la empresa Acciona en Arcosur para que el suministro de hormigón se le adjudique a la empresa Áridos y Hormigones Pedrola, de Juan Carlos Esteban, que logra el contrato por importe de 800.000 euros, aunque la defensa esgrimió en su día que se le adjudicó al ser la oferta más barata.

Esta adjudicación, y a tenor de las escuchas telefónicas que se han reproducido en el juicio, la fiscal deduce que "a cambio de este contrato a esta empresa se le adjudican dos obras" del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) a la constructora Mariano López Navarro.

"La intermediación de Becerril excede sus funciones", ha incidido la fiscal en relación a la conversación en la que Becerril convoca una cena con Carmelo Aured y el representante legal de Acciona, José María Jordá, por lo que habría cometido el delito de negociaciones prohibidas.

Respecto al delito de cohecho del que acusa al exconcejal, la fiscal entiende que ha habido una contraprestación por el ejercicio de sus competencias al referirse a los 11.340 euros que ingresa entre 2008-2010 en sus cuentas bancarias "cuya procedencia se desconoce" y ha agregado que "solo pueden venir por el asesoramiento".

Además, se ha referido a los 6.000 euros "de procedencia no justificada" de las cuentas bancarias con las que pagaba las afiliaciones al PSOE de personas de Garrapinillos.

Ser "un bocazas" no es delito

La abogada de Antonio Becerril, Cristina Ruiz Galve, ha rebatido la exposición de la fiscal para aseverar que "no se ha acreditado nada y si no se prueba algo se tiene que absolver" y ha precisado que "hay conductas reprobables, moral y éticamente, pero no son delito".

Ruiz Galve ha recalcado que "no existe nada que haga pensar que se incurre en los tipos penales del que se acusa a mi defendido" para exponer que el tráfico de influencias "son precisiones eficientes entre funcionarios para conseguir algo".

Ha ironizado sobre la actuación de su representado porque "si ha recomendado a alguien lo ha hecho muy mal porque las empresas de las que se habla no se llevaron obras", en referencia a cuatro proyecto del área de Infraestructuras, de las que tres fueron para Mariano López Navarro y una para Indra.

"No puede ser condenado por ese delito porque se tenía que haber demostrado por la fiscal", ha agregado la letrada para reconocer que su defendido "igual es un bocazas o un fanfarrón, pero eso no es delito".

En cuanto al delito de negociaciones prohibidas a funcionario público, Ruiz Galve le ha recordado a la fiscal que en el Código Penal se "habla de asesorar no intermediar", en referencia a la visita que realizar Becerril a la sede de Acciona para "hablar de una sima que aparece en las obras de Arcosur, que costó 600.000 euros y que paga Acciona en su totalidad".

Acerca del delito de cohecho, la defensa también ha leído el artículo correspondiente del Código Penal para rebatir que su cliente recibiera una dádiva o presente. "El que haya dinero injustificado no supone que sea ilegal o de una procedencia delictiva que luego se introduciría en el mercado legal para eludir una responsabilidad penal", ha argumentado en relación con el delito de blanqueo de capitales que sostiene el ministerio público.

"Si algún error cometió -Becerril- lo ha pagado con creces", ha enfatizado Ruiz Galve, para remachar que "no es un delincuente y no hay la más mínima prueba". A jurado popular le ha indicado que "la condena exige pruebas tan seguras que no quepa duda porque ante la duda hay que absolver". 

Delito "imposible"

El abogado de Carmelo Aured, el letrado César Ciriano, ha rebatido el delito de tráfico de influencias del que le acusa la Fiscalía porque: "Para atribuir este delito se tiene que conseguir algo y aquí, Aured no ha llegado ni a la posibilidad de conseguirlo", ha argumentado.

Ciriano ha considerado que la Fiscalía "no lo ha acreditado". "Es un delito imposible" ha enfatizado para apostillar que en las grabaciones telefónicas "no se habla de comisiones, ni siquiera de regalos", aunque ha considerado que en las cerca de 50 conversaciones grabadas durante once meses "hay imprudencia en el modo de hablar".

Puesto que en una de esas grabaciones, Carmelo Aured le dice a la secretaria de Becerril que quiere tener un detalle con todo el personal del área de Infraestructuras y se escucha que el empresario quiere entregar jamones y aceite, el letrado ha dicho que "la tradición de los regalos por Navidad en España es habitual y asumible por todas las administraciones y habitual en personas que tienen amabilidad".


  • Justiciajusta29/03/14 00:00
    Pronto le hará compañía su hermano también.... Viene de casta





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