La Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) ha criticado que se haya ampliado la denuncia por desobediencia a la autoridad a 27 personas más que participaron en un acto de protesta en contra de las políticas de recortes del Gobierno de Aragón, el pasado 18 de abril frente a la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Actur. 

Precisamente, el juicio por desobediencia a la autoridad a la presidenta de la Asociación de Vecinos Puente Santiago, Asun Gulina, que estaba previsto para este martes se ha suspendido al solicitar la Policía Nacional y la Fiscalía hacer extensiva la denuncia a todos los participantes en el acto de protesta que dio lugar a la denuncia.

"Si estas denuncias de la Policía y la Fiscalía prosperaran, cualquiera de los innumerables actos reivindicativos de las asociaciones de vecinos o de cualquier otro colectivo social, se verían imposibilitados al considerar la autoridad que constituyen actos de desobediencia", han alertado desde la FABZ en un comunicado.

Para este colectivo vecinal "es inadmisible esta actitud en un Estado de Derecho" al precisar que el acto de protesta "contaba con todos los permisos legales oportunos, sin que en ningún momento se ejerciera el más mínimo acto de violencia, ni se perturbara el orden público".

Han agregado que "a pesar de ello, la Policía con una actitud claramente intimidatoria y provocadora identificó a los participantes, requisando los carteles que portaban alegando que se trataba de objetos peligrosos".

La FABZ ha explicado que "es natural y una práctica cotidiana" que en las protestas ciudadanas se profieran consignas y se porten pancartas o carteles, "como ejercicio de la libertad de expresión a la que tiene derecho cualquier ciudadano".

Tras esta exposición, la FABZ ha indicado que "solo se pueden comprender estos hechos como una forma de intimidar y reprimir a los ciudadanos, con el único fin de que no ejerzan unos derechos y libertades reconocidos en nuestro ordenamiento constitucional".

Finalmente, la FABZ ha reclamado a las autoridades públicas que "cese esta escalada represiva" y ha llamado a toda la ciudadanía a solidarizarse de nuevo con la presidenta de la citada asociación vecinal y "ahora con las otras 27 personas incriminadas".

"Altercado serio en el interior"

Fuentes de Delegación del Gobierno, recuerdan que la concentración permitida era la manifestación en las puertas del centro, que transcurrió de manera pacífica. "El altercado serio ocurrió en el interior, cuando los participantes entraron  pancartas con mástiles de madera al centro, algo que no está permitido". 

Según estas fuentes, los seis manifestantes solicitaron entregar un escrito a los responsables. La Policía, al ver que entraban con pancartas, algo prohibido, les informó de que debían abandonar el centro, a lo que se negaron. El resto de participantes en la protesta aprovechó para introducirse también en el local, señalan.

"El ambiente se volvió más hostil. La Policía pidió la documentación a una de las manifestantes que se encaró con el funcionario llamándole 'chulo' y empujándole".