Dicen que no hay mal que por bien no venga, y en época de crisis, muchos profesionales buscan salidas y huecos de mercado donde desarrollar su labor. Así lo han entendido cientos de arquitectos, aparejadores e interioristas aragoneses, que ante el parón en el sector inmobiliario han encontrado en las reformas de viviendas y locales una vía de ingresos.

Desde el año 2007, con el parón de la economía, las licencias de obras menores han aumentado un 20% en Zaragoza hasta alcanzar el año pasado las 7.480. Un dato que contrasta con las de construcción de nuevos edificios, que ha caído en el mismo periodo un 86% hasta las 759.

A su vez, la compra-venta de pisos cayó en picado en el primer trimestre de este año como consecuencia del fin de las ayudas fiscales y de la dificultad de acceso al crédito hipotecario. Y la mayoría de las escasas operaciones que fructifican tienen lugar en el mercado de segunda mano, donde se requiere de una inversión en rehabilitación para adecentar la vivienda al gusto del nuevo inquilino.

Como consecuencia, las empresas de reformas mantienen el pulso a la crisis, e incluso proliferan las aperturas de negocios en este sector. Es el caso de Jessica Zueras, aquitecta de interiores, que hace menos de un año creó Reformas Zaragoza. Desde entonces asegura que no ha dejado de trabajar.

“Es la solución para muchas personas que no pueden acceder a un piso nuevo”, explica. Según su corta experiencia, muchos de los encargos tienen que ver con “viviendas antiguas compradas a precios bajos que necesitan una reforma integral, en la zona centro” de la capital aragonesa.

Un visión que comparten desde A54insitu, una empresa que ofrece diferentes productos de reforma y rediseño de viviendas, locales y edificios. “En los últimos tres años no hemos realizado prácticamente ninguna obra nueva, pero no hemos parado de hacer reformas”, asegura el arquitecto Jordi Ulldemolins.

Para ello ofrecen un amplio catálogo de productos, pero todos con una misma idea de fondo. “La clave es que si compras obtienes 'una' casa, si reformas tienes 'tu' casa”, explica.

Más controles

El tirón de estas obras supone un estímulo para los profesionales de la construcción, que ven en estos trabajos un flotador al que agarrarse mientras dure la crisis económica. Sin embargo, existe cierta inquietud en el sector sobre la legalidad de algunas ejecuciones, ya sea en cuanto a licencias o a contratos laborales.

Desde los servicios de inspección aseguran que las empresas que se dedican a esta labor, como las citadas anteriormente, cumplen con la legalidad, pero muchas otras reformas se escapan a su control. Es el típico caso de obras hechas por un familiar o conocido, sin permisos y en negro.

Para poner coto a esta situación, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social va a vigilar más de cerca a partir de este año la legalidad en la contratación de trabajadores que realizan obras y reformas en locales y pisos. Para ello, se va a solicitar a los principales ayuntamientos aragoneses la relación de licencias concedidas para estos casos, y así poder realizar un control más efectivo.

En cuanto a las irregularidades que tienen que ver con la solicitud de una licencia, desde el Ayuntamiento de Zaragoza aseguran que actúan con flexibilidad. “La idea no es recaudar, sino hacer las cosas bien”, explican en Urbanismo.

Por ello, ante una anomalía, se le comunica al infractor su error y se le concede un tiempo para poner en orden la documentación necesaria. Solo en casos extremos, como construcciones en terrenos protegidos, se aplican sanciones efectivas.

Pese a todo, sin conflictos

Un aumento de este tipo en las obras realizadas en viviendas podría llevar consigo un repunte de la conflictividad vecinal. Sin embargo, según un reciente estudio, los aragoneses son los ciudadanos que menos recurren a las denuncias ante la Policía para resolver estas disputas. Solo un 3% afirma haberlo hecho alguna vez.

En realidad, solo el 20% de los residentes en Aragón afirma haber tenido en alguna ocasión algún problema con sus vecinos por un exceso de ruido, una causa común de conflicto. Una cifra que sitúa a la Comunidad muy por debajo de la media nacional, que alcanza el 28%.