El juez José María Fernández Seijo, quien cuestionó la ley hipotecaria ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), ha afirmado que la nueva normativa de protección a deudores hipotecarios supone un "divorcio con la realidad de la calle".

Fernández Seijo, con motivo del galardón 'Estrella de Europa' concedido por el Ayuntamiento de Zaragoza, ha apuntado que la nueva ley es "insuficiente" ya que no da "respuesta" a las 450.000 ejecuciones hipotecarias finalizadas en los últimos años de crisis.

"Si esta ley se hubiera aprobado hace dos años las consecuencias sociales hubieran sido menores, se hubieran evitado muchas tragedias", ha manifestado, ya que los afectados no van a ver reducido el "perjuicio" que se les ha causado con cláusulas abusivas.

Además, ha señalado que la dación en pago, incluida en la Iniciativa Legislativa Popular, ha sido claramente rechazada en sus "elementos sustanciales", por lo que el Ejecutivo ha demostrado no tener "voluntad política", "ni sensibilidad social", con las plataformas de afectados.

Insolvencia de particulares

A su juicio, la solución para resolver estos conflictos sociales pasa por aprobar una ley de insolvencia de particulares que dé una segunda oportunidad al consumidor, lo que tendría efectos "positivos" para la economía, en "muy poco tiempo".

"A todo ciudadano al que se le da la segunda oportunidad, se le va a permitir consumir, pagar impuestos e integrarse en mecanismos productivos, no dando la segunda oportunidad se les está forzando a la economía sumergida, al fraude y al ocultamiento de bienes", ha recalcado.

España y Bulgaria son los únicos países de Europa que no tienen un "sistema de insolvencia" que permita esta segunda oportunidad, a pesar de que los españoles son los más "cumplidores" y doblan en capacidad de pago a los irlandeses, ha precisado.

"En el peor periodo, el 96,3 % cumple con los pagos. Estamos hablando de que en este país antes se pasa hambre que dejar de pagar la hipoteca", ha subrayado.

Mirar al derecho europeo

En cuenta a la sentencia del Tribunal de Justicia, que consideraba la ley hipotecaria española contraria al derecho comunitario, Fernández Seijo ha apuntado que ha tenido un gran impacto "emocional" entre los jueces, que hasta ahora estaban evitando las consecuencias de los desahucios, sin una base legal.

"Nos ha permitido recordar que cuando el ordenamiento jurídico no da una respuesta adecuada, conviene mirar el derecho europeo para buscar soluciones", ha afirmado.

En este sentido, ha comentado que la función de los jueces es aplicar el derecho, pero principalmente resolver conflictos, algo que no ha sido fácil, porque el ordenamiento jurídico español no se ha preocupado "en exceso" por los problemas de los consumidores.

Además, ha añadido que las leyes cuestionadas por el Tribunal de Justicia fueron elaboradas durante los periodos de mayoría absoluta el PP, entre ellas la modificación del mercado hipotecario de noviembre de 2007 y la ley de enjuiciamiento civil de 2000, que es donde "se generan las mayores deficiencias".