La Audiencia de Zaragoza juzgará los días 13 y 14 de mayo a seis integrantes de una red rusa especializada en falsificar documentación y apañar matrimonios. Los clientes de esta organización eran compatriotas en situación irregular, a los que cobraban entre 300 y 2.000 euros por papeles falsos. En el caso de que el inmigrante necesitara obtener la nacionalidad española con urgencia, le ofrecían una boda de conveniencia. Pero este era una 'servicio' especial que se pagaba mucho más caro: 7.200 euros.

Los acusados son cinco mujeres de origen ruso y un hombre español, marido de una de ellas. La Fiscalía les imputa delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de falsedad, por los que pide penas de cárcel que suman 14 años y 3 meses. En cualquier caso, el ministerio público pedirá al tribunal que, en caso de condena, a cuatro de las mujeres se les sustituya la pena de cárcel por la de expulsión del país, al que no podrían regresar en cinco años.

La Policía desarticuló este entramado delictivo en el año 2010, pero los investigadores creen que la red venía operando, por lo menos, desde un año antes. Uno de los 'cerebros' era Liliana F., casada con un ciudadano español que también figura entre los acusados: Manuel M. N. La mujer se encargaba de captar a compatriotas que se encontraban en situación irregular en España, para ofrecerles la tramitación de documentación de todo tipo: antecedentes penales, partidas de nacimiento, visados... Para confeccionar estos documentos, Liliana F. pedía a sus clientes una serie de papeles. Cuando los tenía en su poder, los enviaba por correo a Rusia, donde su hija, Kristina F., se encargaba de recogerlos y pasárselos a sus colaboradores.

Los contactos de Rusia conseguían de modo ilícito la documentación, que luego volvían a entregar a Kristina F. para que ella la enviara a España. Su madre y el marido de esta se encargaban del resto de trámites en nuestro país. Según la Fiscalía, eran también estos quienes apañaban bodas entre mujeres de origen ruso y varones españoles para que las primeras consiguieran regularizar su situación.

Aparentemente auténticos

La Policía comprobó que el matrimonio cobró a Alla T. -también acusada- 3.000 euros por conseguirle un pasaporte. Al examinar el mismo, se vio que era auténtico en cuanto al soporte. «Si bien el sello Schengen de su página 4 resultó ser falso integral», indica la Fiscalía en su escrito de acusación. Lo mismo ocurrió con el pasaporte intervenido a Karina V., también acusada.

Por último, el Ministerio Público ha presentado cargos contra Marina R. y Natalya S., mujeres a las que también se les intervinieron documentos que habían sido obtenidos de forma ilícita y eran falsos.