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Polémica en Cruz Roja

La guerra abierta en Cruz Roja Aragón obliga a intervenir a la dirección nacional

Tras el escándalo de los gastos con la Visa del expresidente de Zaragoza, nueve dirigentes piden el cese del autonómico, Vidal Muñoz, por «dañar» la imagen de la organización.

J. Alonso Actualizada 01/05/2013 a las 21:59
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La guerra interna abierta en la Cruz Roja en Aragón ha obligado a intervenir a la dirección nacional, hasta el punto de tener que enviar la semana pasada a dos vicepresidentes a Zaragoza para intentar poner orden en el seno de la estructura provincial y autonómica, aún más enfrentada tras el expediente abierto al expresidente provincial, Juan Luis Laborda, por los gastos sin justificar con la Visa Oro.

A las decenas de quejas internas contra sus máximos responsables en Zaragoza, acumuladas desde hace meses, se suman peticiones de destitución del presidente autonómico y de la cúpula en la capital por parte de dirigentes locales. La organización admite la reunión celebrada el pasado jueves, pero no ha querido dar cuenta de su contenido y se limita a señalar que discurrió «en un buen ambiente».

La dirección nacional convocó a los presidentes de las asambleas locales de Zaragoza, a los que exigió acabar con el enfrentamiento tras haber solicitado hace un mes «el cese inmediato» del presidente autonómico, Vidal Muñoz, y de la secretaria provincial, Consuelo Peláez, en una maniobra de «apoyo incondicional» al también cuestionado delegado especial en Zaragoza, Fernando Pastor Loscertales. Al primero le acusan de «dañar» la imagen de la institución y de Pastor, mientras a la segunda le hacen responsable de las «irregularidades» cometidas por el expresidente provincial, Juan Luis Laborda, suspendido cuatro años por sus gastos sin justificar.

Nueve de los doce presidentes de las asambleas locales firmaron una carta el 23 de marzo remitida al secretario nacional de Cruz Roja, Leopoldo Pérez, en la que no solo exigían las destituciones sino que recriminaban a la cúpula de Madrid por no haber adoptado ya medidas contra Vidal Muñoz. Consideran que cometió faltas «muy graves» tipificadas en el reglamento interno por sus afirmaciones a este diario.

El presidente autonómico manifestó a principios de marzo, tras publicar HERALDO el expediente abierto a Laborda, que le habían puesto al frente de Cruz Roja en Aragón «para limpiar la institución» y que era muy consciente de que tenía «tajo en Zaragoza», tesis compartida entonces por fuentes oficiales de Madrid.

Muñoz no quiere pronunciarse ahora sobre la petición de su destitución y remitió a la dirección nacional. Pese a los reiterados intentos de este diario por hablar con la portavoz de la institución en Madrid, nadie dio una versión sobre la guerra abierta.

La directora de Comunicación de Zaragoza, Alicia Giménez, manifestó que desconocía la carta de los presidentes locales, pero sí la reunión que provocó en Zaragoza. Aunque dijo que tampoco estaba al tanto de su contenido, añadió que el encuentro fue «distendido». Incluso intentó restarle importancia al afirmar que es «habitual» que se desplacen dos vicepresidentes nacionales.

En el «buen ambiente» mantenido en dicho encuentro insistieron los propios asistentes, consultados por este diario. Uno de ellos manifestó que se les instó a tender puentes de «diálogo» y «acabar con la guerra interna». Además, reconoció que el enfrentamiento está dañando a la institución. «No podemos estar todo el día riñendo», añadió.

Amenaza de acudir a la prensa

En la carta responsabilizan al presidente autonómico de haber provocado un daño a la institución y al delegado especial de Zaragoza, Fernando Pastor, con declaraciones «totalmente infundadas y sin prueba alguna». Por ello, exigen a la oficina central de Madrid «un comunicado amplio» desmintiendo la acusación, «limpiando» el nombre de Pastor y de la institución.

«Esperamos que estas actuaciones se realicen de inmediato, ya que de lo contrario no nos quedará más remedio que dar nuestra opinión a la prensa, cosa que hasta ahora estamos controlando, a pesar de la persecución a la que muchos estamos sometidos», añade la misiva.

Además de exigir la destitución del presidente autonómico, reclaman la de la secretaria provincial, a la que acusan de lanzarles «constantes amenazas, desfachateces y menosprecios» hacia su labor. Y llegan incluso más lejos al exigir a Madrid que «investigue» a Consuelo Peláez por haber «permitido» las «irregularidades» que provocaron la apertura del expediente al expresidente provincial. «Entendemos que la responsabilidad de la contabilidad recae sobre la secretaria provincial».

La Comisión Nacional de Garantías sancionó a Juan Luis Laborda por gastar 15.593 euros con la Visa Oro de la institución sin la preceptiva justificación documental durante su mandato, de 2007 a 2011. En la causa no fue citada a declarar la secretaria provincial, pero sí la directora de Administración, Esperanza Negre, quien recordó que había solicitado verbalmente a Laborda los justificantes «en distintas ocasiones».

Cúmulo de quejas y denuncias

Este enfrentamiento interno comenzó en el seno de Cruz Roja en Zaragoza tras la designación de Fernando Pastor como delegado especial en septiembre de 2011 y se recrudeció tras el nombramiento de Laborda como vicepresidente autonómico justo dos años después, aunque dimitió tras la apertura del expediente, en noviembre.

Las quejas y denuncias de voluntarios se centran en la actitud «discriminatoria» de Pastor y de los máximos responsables de Socorros y Formación (José Ignacio Blasco, José Manuel Miranda y Ricardo Ochoa), a los que critican por vetarles en la cobertura de servicios y hasta por darles de baja en el programa de Socorros. Además, un voluntario denunció ante la Comisión Nacional de Garantías la circunstancia de que Blasco esté al frente de Socorros pese a trabajar para la «competencia», la UTE entre Ambuibérica y 061 en Zaragoza. A su juicio, su designación fue «poco ética» y recurrió a Madrid ante el silencio de la cúpula provincial y autonómica, a la que acudió con antelación.

Ante esta situación, la mayoría de vocales del comité local, entre ellos Laborda, exigió la destitución del delegado especial y de sus tres colaboradores en la reunión celebrada el 29 de noviembre. Como no se adoptaron medidas, el pasado mes de febrero se elevó la reclamación ante la comisión autonómica de garantías y derechos.







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