El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, ha afirmado este miércoles que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local "no suprime ningún servicio público, con independencia de qué administración lo preste".

"Si estamos hablando de reordenar competencias, algunas administraciones perderán la prestación de algunos servicios y la ganarán otras, pero se prestarán todos los servicios públicos", ha asegurado Suárez en una comparecencia en la Comisión de Política Territorial en las Cortes según ha informado el Gobierno de Aragón.

El consejero ha subrayado que la posición del Ejecutivo autonómico es clara y viene recogida en el acuerdo de gobernabilidad firmado entre el PP y el PAR. "Es necesaria una reforma de las administraciones locales, es una cuestión de Estado", ha dicho el consejero.

En su opinión, es una reforma necesaria "en la que nos jugamos el servicio a los ciudadanos" y, por eso, ha hecho un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas para que se pueda llegar a un acuerdo en el que todos tendrán que dejarse "pelos en la gatera".

Suárez ha afirmado que en las valoraciones que el Departamento de Política Territorial del Gobierno aragonés remitió a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas se dejan bien claros dos ejes básicos: el principio de autonomía municipal y el modelo de organización territorial de Aragón.

No obstante, se ha referido a las cuestiones que plantean dudas al Gobierno de Aragón, entre ellas la fijación del coste estándar de los servicios públicos (diferente en función del territorio en el que se presten los servicios), la necesaria adecuación de la numerosa legislación sectorial existente y la puesta en marcha de una reforma de la Ley de Financiación Local y Autonómica.

En ese sentido, Suárez ha aseverado que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local "no es viable si no va acompañada de una ley de financiación local y autonómica". "El propio ministro lo reconoció y el Gobierno de Aragón lo dice con claridad", ha agregado.

Por eso, Suárez ha hecho hincapié en que "ésta es la gran ocasión para resolver el problema de la financiación de los municipios", una "cuestión pendiente desde que estamos en democracia y que nunca se ha abordado por ninguno de los gobiernos", ha dicho.

Negativa de las Cortes

La Comisión de Política Territorial e Interior de las Cortes de Aragón ha pedido al Gobierno autonómico que solicite al central desechar el último anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local como texto de partida sobre el que elaborar una nueva legislación en esta materia.

Así se ha aprobado con ocho votos en contra del PP y diez a favor de PSOE, PAR, CHA e IU, texto que forma parte de una iniciativa de este último grupo, enmendada por el PAR, de la que se ha dado el visto bueno por unanimidad a reclamar "prioridad absoluta" a las necesidades de los ciudadanos en la elaboración de cualquier proyecto de ley de reforma de las Administraciones y en especial de la Administración Local, "introduciendo criterios de eficacia, eficiencia, racionalidad y sostenibilidad".

También con el apoyo de todos los grupos se ha reclamado un anteproyecto de ley de financiación de las entidades locales en el marco de negociación de un pacto local con la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las Comunidades autónomas y los grupos del Congreso de los Diputados.

Las Cortes han propuesto que ese texto legal "permita corregir el desequilibrio económico-financiero territorial establecido" y cumplir con las "reivindicaciones históricas" de las entidades locales de mejorar la financiación para prestar los servicios públicos "con suficiencia económica y asegurar su pervivencia".

Finalmente, se ha rechazado con diez votos en contra de PP y PAR y ocho a favor de PSOE, CHA e IU, la modificación del artículo 135 de la Constitución Española para recuperar el texto original y la derogación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Escuelas infantiles

Por otra parte, la Comisión de Política Territorial e Interior ha votado en contra de otra proposición no de ley presentada por IU que apostaba por trasladar a las comarcas una orden que prohibiera financiar las escuelas infantiles u otras materias con fondos y recursos de estas entidades sin haber cumplido con las exigencias del Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón.

La iniciativa también abogaba por recuperar la totalidad de la financiación del programa de Escuelas Infantiles del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, reducida en 2012 y 2013 "con motivo de los recortes presupuestarios de la Comunidad autónoma".