El coordinador general de IU-Aragón, Adolfo Barrena, ha defendido los escraches que se realizan en la calle, "un espacio público", de forma pacífica, y ha considerado que la actuación policial, con los asistentes a estas movilizaciones, está siendo "desproporcionada".

"Desde el punto de vista democrático, es inadmisible la criminalización que pretende hacerse de las protestas ciudadanas", ha sostenido Barrena. Además, ha apuntado que se ha puesto en marcha, por parte de "la derecha", una campaña para establecer un "cordón de seguridad" que impida el ejercicio de "un derecho democrático, como es el de la manifestación en una calle pública, por el mero hecho de que, en esa calle, resida un cargo público".

"Por mucho que se hable de la inviolabilidad del domicilio, derecho constitucional que Izquierda Unida defiende, los escraches se realizan en la calle que, mientras no se diga lo contrario, sigue siendo espacio público", ha aseverado Barrena.

El coordinador general de IU-Aragón ha calificado de "exceso" policial "identificar indiscriminadamente a la ciudadanía, incoar expediente sancionador y remitir el atestado a la fiscalía".

De esta forma, ha criticado que la Delegación del Gobierno en Aragón haya iniciado, este viernes, el expediente sancionador a 51 personas que fueron identificadas, por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, frente al domicilio del diputado del PP por Zaragoza en el Congreso, Eloy Suárez, el pasado día 9 de abril.

Barrena ha recalcado que estas 51 personas estaban en la calle "de manera pacífica" y se manifestaban para "reclamar apoyo a la ILP -iniciativa legislativa popular- sobre dación en pago que se tramita en el Congreso".

En este punto, ha reclamado "la resolución definitiva del drama social y humano que son los desahucios, y a la implementación de políticas activas que garanticen el derecho constitucional de la vivienda a toda la ciudadanía y, especialmente, a las clases más desfavorecidas". 

Barrena ha insistido en el "exceso legal" que supone que sea la policía, "con instrucciones de la Delegación del Gobierno correspondiente", quien limite el derecho de concentración y manifestación "estableciendo, de manera arbitraria, 'espacios de seguridad'".

"Creemos que esa capacidad de limitar un derecho democrático recogido en la Constitución, sólo puede tenerla el poder judicial, y no el ejecutivo", ha concluido Barrena.