Si sumamos la población en edad de trabajar que reside en los 28 códigos postales que forman el distrito de El Rabal, más los ciudadanos censados en los municipios pertenecientes a Zaragoza que hay en las carreteras de Huesca y Barcelona la cifra final asciende a cerca de 17.000 vecinos. Un alto número de personas que a partir del próximo mes de febrero, según confirman fuentes de la DGA, ya no podrán acceder a los servicios de la oficina del Inaem a la que pertenecen, porque su cierre forma parte del plan de reestructuración del Instituto Aragonés de Empleo que próximamente se hará efectivo.

Se trata de una medida que los afectados ya intentaron evitar hace unas semanas con la recogida de firmas en la propia oficina y en los comercios del entorno. “Con la que está cayendo y ahora, que necesitamos más que nunca un servicio como este, nos lo quitan. A saber a dónde nos mandan ahora”, comenta Julián Pascual, vecino del Arrabal.

“No me parece justo que precisamente a quienes más ayuda necesitamos nos quiten lo poco que tenemos. A algunos nos supondrá un esfuerzo económico tener que coger el transporte público para ir a sellar la tarjeta del paro”, dice Raúl Andrés, que vive en la avenida de Cataluña. “Me han dicho que, a partir de ahora, tendré que ir hasta Compromiso de Caspe. Para mí es una faena”, asegura el zaragozano que se quedó sin trabajo “a mediados del marzo”.

“Yo firmé para evitar el cierre, pero veo que ha servido de poco. En estos tiempos que corren, son las oficinas del paro las que precisamente no deberían cerrar. Así solo conseguiremos que haya menos puestos de trabajo y que el resto de instalaciones se saturen”, comenta Alejandra Ibáñez, también usuaria de la sede del Inaem en la calle de Mariano Turmo. “Lo más adecuado es que no cierren ningún servicio tan necesario para muchos, pero si no queda otro remedio me parece que lo menos oportuno es que precisamente clausuren una de las oficinas que, si no tengo mal entendido, mayor usuarios tiene”, comenta José Antonio Pérez, otro de los afectados. “Ahora a ver qué pasa, porque dicen que la distribución se hará por códigos postales y que nos mandarán o a Ranillas o a Compromiso de Caspe”, apunta el zaragozano, que se quedó en el paro en junio.

Una medida que tampoco justifican desde la Asociación de Vecinos Tío Jorge-Arrabal. “Cerrando lo único que se consigue es perder puestos de trabajo y una merma de aquellos servicios que ahora son tan necesarios para quienes mayores problemas tienen, que son los desempleados”, dice el presidente de la agrupación vecinal, Rafael Tejedor. “El entorno de la calle Turmo seguro que también va a padecer las consecuencias”, concluye Tejedor.

Por su parte, desde el Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón explican que “la medida, que forma parte de la reestructuración de servicios y que no supone recorte alguno de puestos de trabajo, se hará efectiva el próximo mes de febrero, aunque todavía la fecha concreta está sin confirmar”.