La DGA contempla su pago desde enero

Los zaragozanos pagarán de media un 30% más por el canon de saneamiento

Algunas familias podrían pagar hasta un 300% más. El Ayuntamiento advierte de que tomará "todas las acciones jurídicas posibles" para evitarlo.

Fernando Gimeno, durante una rueda de prensa.
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J. M. MARCO

El canon de vertido que pretende cobrar por ley el Gobierno de Aragón a la ciudad de Zaragoza supondrá un incremento de la presión fiscal de un 27% de media y que algunas familias paguen un 300 por ciento más frente a las subida de entre el 8,4 y un 12 % que implicará a las empresas. 


Así lo han calculado los técnicos municipales una vez que el Consistorio tuvo conocimiento el pasado martes de la decisión del Gobierno de Aragón de empezar a cobrar el próximo año a los zaragozanos dicho canon, por el que espera recaudar 40,2 millones de euros al año.


Estos datos han sido dados a conocer por el vicealcalde y consejero municipal de Economía y Hacienda, Fernando Gimeno, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno de la ciudad.


Una decisión que, ha advertido, supone el "incumplimiento" y la "ruptura" del convenio firmado con el Ejecutivo autonómico en la pasada legislatura por el que ambas administraciones deberían alcanzar un acuerdo respecto a la cuantía y la fecha en la que la capital aragonesa debería empezar a pagar este impuesto para financiar la depuración de aguas de la región.


Gimeno ha reiterado su disposición a llegar a acuerdos pero para ello ha exigido que o se retire el punto de la ley de acompañamiento de los presupuestos en el que se recoge la obligación de que los zaragozanos paguen o que al menos se manifieste la voluntad de retirarlo "sino no hay nada más que hablar".


El vicealcalde ha recordado que el objetivo era que los vecinos y empresas de Zaragoza no tuvieran que empezar a pagar hasta 2016, sin embargo, el Gobierno de Aragón puede obligar al ayuntamiento a cobrar a partir del 1 de enero, algo "técnicamente imposible" porque, ha apuntado Gimeno, "se necesitarían meses para poner en marcha el sistema".


En el caso de que el Gobierno de Aragón siga adelante, los zaragozanos pagarían otros 40,2 millones de euros más que se sumarían a los 148 que ya les cobra el consistorio por todas sus tasas, precios públicos e impuestos y significaría un incremento de la presión fiscal del 27 por ciento "de una sola vez; una barbaridad".


Este canon oscilaría entre los 121,95 y los 221,70 euros al año por familia y serían las de los tramos más bajos las que afrontarían una subida "más fuerte" de en torno al 300 por ciento, mientras que las empresas pagarían entre 830 y 6.276 euros al año, lo que equivale a subidas de entre un 8,4 y un 12 por ciento, comparado con el abastecimiento y saneamiento que pagan en la actualidad.


No obstante, Gimeno ha advertido de que si la ley se consolidara se ejercerían "todas las acciones jurídicas posibles" ya que les plantea dudas de si se puede exigir que unos vecinos paguen y otros no y "esta ley parece que solo afecta a que pague Zaragoza".


"Si quieren negociar que retiren ese punto, no chantajeen y no utilicen a los vecinos como rehenes", ha advertido Gimeno.


El Ayuntamiento de Zaragoza tampoco comparte la intención del Gobierno de Aragón de cobrarles por la depuración desde 2001 dado que los municipios que ya lo pagan empezaron a incorporarse a partir de 2005 y pide además que el Ejecutivo autonómico les descuente los trescientos millones que la ciudad ha pagado por sus depuradoras.


El edil también lamenta que "tal y como lo han presentado" se rompe la filosofía del consumo que se ha aplicado en la capital aragonesa desde hace años porque el Gobierno de Aragón "no incentiva la reducción del consumo".


El vicealcalde se ha preguntado si lo que pretende el Ejecutivo aragonés es no pagar lo que le debe a la ciudad cuando, ha recordado, a pesar de que Zaragoza cuenta con más de la mitad de la población, la transferencias de la Comunidad al ayuntamiento solo representan el 5 por ciento.


También ha desmentido que no hayan negociado con el Ejecutivo porque ayer, ha asegurado, "hubo una reunión para conocer qué es lo que pretenden con esa ley y fue poco fructífera".