El concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Ignacio Senao, ha alertado de que la reorganización administrativa del Consistorio y los nuevos nombramientos de los cargos de dirección pueden llegar a tener un coste de 500.000 euros. 

Senao ha explicado que este coste se derivaría tras las "instrucciones verbales" en el área de personal para que en el mes de octubre los trabajadores que anteriormente ocupaban puesto de dirección y que ahora han sido sustituido por otros sigan cobrando su anterior sueldo.

Además, ha asegurado que en algunos puestos de dirección no se cesado al anterior titular y en la actualidad figuran dos personas en el mismo puesto y en otros casos se desconoce el cago que ocuparán anteriores altos cargos, entre los que ha citado el jefe de informática o de consumo.

En rueda de prensa, ha arremetido contra el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, porque tras esta polémica por la reordenación administrativa municipal y los acuerdos del Pleno para que se anule, "entra en escena diciendo que hablará con todos los afectados y que dará un aprobado general para lo que concederá compensaciones económicas a los exentos de los cargos de dirección".

Senao ha recordado que esta reordenación administrativa está "plagada de irregularidades e ilegalidades, además de contener falta de transparencia y de valoración y mérito de los designados".

El concejal del PP ha asegurado que ha primado la "arbitrariedad del alcalde Belloch y el dedazo de la concejala Lola Ranera para designar en los puestos de dirección a una gran mayoría que han sido valorados por amistad, por la familia del partido (PSOE) y por aspectos emocionales y afectivos".

Esta reordenación ha conllevado además que se hayan presentado reclamaciones por parte de los funcionarios y de algún sindicato con representación municipal sobre lo que Senao ha estimado que "el Gobierno de Zaragoza y Belloch están acorralados".

Además, ha señalado que estas "irregularidades" en la designación de altos cargos "provoca problemas organizativos y jurídicos", pero también "desconfianza en los cerca de 5.300 funcionarios" ante la próxima elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).