La causa civil por el incendio de la Flying entra en fase de resolución

El juez de primera instancia encargado de la causa civil interpuesta por las familias de 37 de las 43 víctimas del incendio de la discoteca Flying de Zaragoza, ocurrido en enero de 1990, ha iniciado el estudio de las conclusiones implicadas por las partes antes de dictar sentencia.

Del inicio de la fase de resolución se informa en una providencia remitida a las partes a finales del pasado mes de abril desde el órgano judicial, cuya sentencia aún podría recurrirse ante la Audiencia de Zaragoza y el Tribunal Supremo.

Así lo han asegurado fuentes judiciales, que han expresado su satisfacción, sin embargo, ante la finalización en primera instancia de un larguísimo proceso judicial para el resarcimiento de las familias de las víctimas, que se prolonga ya más de veinte años.

Los demandantes reclaman del propietario de la Flying, Faustino Martínez, el pago de indemnizaciones de 60.000 euros por cada una de las víctimas y de 240.000 para uno de los afectados por lesiones graves, y hacen responsables civiles subsidiarios del pago al Gobierno aragonés y al Ayuntamiento de Zaragoza.

En su reclamación civil, los afectados consideran que el Gobierno aragonés incumplió la normativa de revisión de la instalación eléctrica de la discoteca, y que el Ayuntamiento de Zaragoza no cumplió con lo establecido en su normativa frente a incendios.

Las fuentes citadas informan que en sus respectivos escritos de conclusiones, las dos instituciones niegan cualquier tipo de responsabilidad y argumentan que la investigación no permitió determinar si las causas del fuego guardan relación con la posible ausencia de revisiones.

En concreto, el Gobierno aragonés rechaza la existencia de responsabilidades administrativas ya que la obligación de revisar la instalación eléctrica era entonces del propietario de la discoteca zaragozana.

La vía civil se vio paralizada a raíz del proceso contencioso interpuesto en 1997 por las familias de seis de las víctimas de la tragedia, al solicitar a las dos administraciones referidas el pago de indemnizaciones por 1,2 millones de euros como responsables civiles subsidiarias.

En una última instancia, la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo rechazó, en octubre de 2002, las pretensiones de estas familias de buscar un "nexo causal" entre la avería en el sistema eléctrico que causó el incendio y la ausencia de revisiones de seguridad.

Un año antes, la Audiencia de Zaragoza acordó suspender el proceso civil planteado por el resto de las familias en un auto en el que calificaba de "inaceptables" sus pretensiones de optar por esta vía.

Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó a finales de 2002 la decisión del tribunal zaragozano y ordenó reanudar la causa civil, estimando como válidos los argumentos de los abogados de las familias a favor de exigir responsabilidades tanto al propietario de la discoteca como a las administrativas.

Las fuentes citadas han considerado "difícil" establecer posibles responsabilidades en las ya que el propio Tribunal Supremo, en la resolución en que rechazó el recurso de las seis familias que optaron por el contencioso, descartó esa posibilidad.

En esta resolución, la sala de lo contencioso del Supremo apreciaba entonces que "no es posible establecer relación de causalidad alguna entre las omisiones en que hubieran podido incurrir ambas administraciones demandas y los efectos trágicos y devastadores del fuego".