La jueza de Tarazona ha dictado este martes auto de sobreseimiento provisional parcial y archivo de las actuaciones referidas a las siete personas encausadas por presuntos delitos de extorsión y el delito de pertenencia a grupo criminal dentro de la causa abierta del cura de Borja.

Contra los encausados, Luis C.P., Jesús C.P., José Luis C.C., Pilar P.H., María Luisa C.P., Lourdes P.M. y Alfredo Francisco C.T., que mantienen entre ellos vínculos familiares, nadie ha formulado acusación.

Por ello, la jueza, en su auto, concluye que "dado que nadie ha formulado acusación contra los imputados, de acuerdo con el principio acusatorio que rige en el Derecho penal español, y conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede acordar el sobreseimiento provisional parcial de las actuaciones", todo ello "sin perjuicio de la continuación del presente procedimiento" contra quien era el sacerdote de Borja, Florencio Garcés.

El 29 de noviembre de 2013, Garcés fue detenido por la Guardia Civil y puesto a disposición judicial como principal imputado y presunto responsable de los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento. Días más tarde, fueron detenidas otras cinco personas, miembros de una misma familia --el llamado clan 'Zapato Veloz'--.

Tras su declaración, la juez decretó el ingreso en prisión del sacerdote el 4 de diciembre. El párroco salió del centro penitenciario de la localidad zaragozana de Zuera el 11 de diciembre de 2013, donde estaba en prisión provisional. Asimismo, en junio del pasado año, la Guardia Civil detuvo a otras dos personas más, un hombre y una mujer, por su relación con este caso.

Las pruebas presentadas ante la juez apuntaban indiciariamente a que el párroco podría haber dispuesto irregular e injustificadamente de 168.186,80 euros, de los que el no era titular y presuntamente podría haber ocultado a sus superiores esas irregulares e injustificadas disposiciones.

Fue el testigo protegido del caso, que luego dejaría de serlo, Rafael G.C., que además ha sido condenado recientemente por calumniar a los agentes de la Guardia Civil de esta investigación, quien manifestó a la Benemérita de manera voluntaria que los imputados podrían estar extorsionando al párroco de Borja con unas fotos comprometidas, si bien nadie ha formulado acusación contra estas personas.