El Gobierno de Aragón trabaja en la modificación de ley que regula el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) para garantizar que lo cobren quienes más lo necesitan, puesto que "la actual situación de recursos limitados impide satisfacer todas las necesidades", y eso podría suponer que personas que lo están cobrando dejen de hacerlo para que lo reciban otras.

Así lo ha explicado este jueves el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, Ricardo Oliván, en referencia a las denuncias del Ayuntamiento de Zaragoza publicadas este jueves en la versión impresa de HERALDO DE ARAGÓN, en la línea de que el consistorio ha enviado al gobierno mil solicitudes de ciudadanos que piden este ingreso y sólo se ha autorizado una.

Oliván ha reconocido, como ya dijo en el pasado Pleno de las Cortes, que hay "muchas" personas que con su expediente debidamente cumplimentado no reciben el IAI, pero que también hay muchas que lo cobran y que, posiblemente, lo necesitan menos que otros ciudadanos que no tienen acceso a él.

Para solucionar esto, en un contexto en el que los recursos son limitados (21 millones en el presupuesto de la comunidad para 2013), el departamento trabaja en una modificación de la normativa, a la que no ha sabido poner plazo, que solucione este problema.

Una vez que la ley se modifique y los técnicos del departamento hayan analizado las condiciones de todos los beneficiarios, se podrá solicitar al departamento de Hacienda una ampliación de crédito para asumir los pagos.

En todo caso, ha negado que sólo un expediente de los mil que ha enviado el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido aprobado, pero no ha dado más datos.

Ha recordado que en el pago del IAI colaboran con el Gobierno de Aragón las entidades locales, que se encargan de captar la información, recibir la documentación de los solicitantes y trasladar ésta al gobierno aragonés.

"Diga lo que diga el Ayuntamiento, éste manda muchos expedientes sin cumplimentar, y eso significa que muchas personas no pueden recibir el IAI", ha explicado, al tiempo que ha dicho que eso es algo que no ocurre con los consistorios de Huesca y Teruel, por ejemplo.