El conflicto por las multas en la A-68 afecta a 175 hectáreas

Un informe elaborado por los agricultores de la Ribera Alta del Ebro evidencia que 175 hectáreas de terreno cultivable se ven afectadas por el conflicto existente por las multas de tráfico que estos trabajadores agrarios sufren a la hora de circular con los tractores por esta vía. Este 'dossier' forma parte de toda la documentación que va a ser remitida a la Delegación del Gobierno en Aragón antes de la reunión que mantendrán todos los implicados el próximo miércoles, 30 de mayo.

Este estudio, redactado tras la petición del Delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, recoge todas las parcelas que poseen los agricultores sancionados. En total hay 94 parcelas – lo que equivale a 93,86 hectáreas – afectadas directamente, es decir, que su único acceso se realiza desde la propia A-68. Además, los agricultores que cultivan otras 62 parcelas – 81,36 hectáreas – tienen que circular por esta vía indirectamente.

“Voy a remitir este informe a Gustavo Alcalde antes de la reunión del próximo miércoles para que lo valore a la hora de encontrar una solución”, señaló Juan Luis Melús, alcalde de Pinseque. Este estudio completará, previsiblemente, a los realizados desde la Delegación en coordinación con el subdelegado de Carreteras y el director provincial de Tráfico.

De esta manera, con todas las cartas sobre la mesa, la semana que viene se quiere alcanzar una solución “inmediata” al conflicto, señalaron las partes afectadas. “El 30 de mayo por lo menos se tiene que tomar la decisión de dejar de sancionar a los agricultores”, apostó Melús.

Las multas han continuado

Desde la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón (Araga) se denunció que las multas se siguen produciendo a pesar de los encuentros que se mantuvieron en el mes de abril con Gustavo Alcalde. “Han continuado las sanciones o incluso se han incrementado”, lamentó José Manuel Tornos, presidente de Araga.

Este colectivo mantendrá en la próximo reunión una postura clara y decidida, ya que desechan cualquier dilatación en el tiempo del problema. “Esperamos y exigimos una solución como lícitamente se la merecen los trabajadores de estas zonas”, apuntó Tornos.

En este sentido, los informes también recogen los posibles remedios a esta situación. El primero y más factible sería la permisividad de la Guardia Civil que permitiera la circulación de los vehículos agrícolas por la A-68 sin sancionarlos. La segunda opción, menos factible por su coste económico y la situación actual, repercutiría en la fisonomía de la carretera y obligaría a la construcción de una vía alternativa por la que circularían los agricultores.

En el informe se recoge dicha petición de los trabajadores que piden que “se rectifique y deje de sancionar hasta que se haga una vía alternativa”, ya que son los propios agricultores los que se hacen eco del problema y “creen que se le debe dar solución haciendo la citada vía”.

En el caso de que se de una respuesta negativa a esta petición, los agricultores advierten de que se pondría en riesgo el cultivo de estas tierras al verse alterada la rentabilidad de la empresa. Del mismo modo, “aumentaría el riesgo de incendios en la zona, crearía un foco de infecciones y plagas en estas hectáreas pudiendo ser sancionados por la Comunidad Europea por incumplir los reglamentos de cultivo”, recoge el informe.

En este sentido, los agricultores y alcaldes de la Ribera Alta del Ebro defienden que la A-68 no puede ser considerada autovía por el hecho de que incumple las características propias de estas vías, ya que cuenta con entradas directas a las parcelas, hasta 94 en apenas dos kilómetros del 259,300 al 260,400, y porque carece de una vía alternativa para el paso de este tipo de vehículos.