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La aseguradora GES ha demandado al padre de un joven conductor zaragozano fallecido hace ahora seis años en un accidente de tráfico para reclamarle 408.619 euros. Se trata de la cantidad que la compañía tuvo que desembolsar en concepto de indemnizaciones, ya que en el trágico suceso perdieron la vida otras tres personas y una cuarta sufrió lesiones muy graves.

La aseguradora considera que el conductor Samuel P., de 20 años, fue el causante del siniestro e intenta convencer al juez de que circulaba influenciado por el alcohol. Y como no se ha determinado que llevara alcohol en sangre, se agarra a muestras de orina de la vejiga e incluso al humor vítreo, una masa gelatinosa que se encuentra en el ojo. La compañía pretende desentenderse de la responsabilidad civil para cargársela al padre del fallecido: por ser el propietario del coche y el titular de la póliza.

Cuando la herida comenzaba poco a poco a cicatrizar, la demanda ha vuelto a minar las esperanzas de una familia que se reconoce "destrozada". No en vano, a la irreparable pérdida de un hijo se suma ahora una reclamación económica que podría dejarles literalmente en la calle. De hecho, de ser aceptada, les obligaría a vender sus únicas propiedades: su piso y su coche. "Y todavía seguirían años embargándome la nómina para terminar de pagar", señala el demandado y padre del chaval, Ricardo P., trabajador de Mercazaragoza.

El juicio debería haberse celebrado esta semana en los juzgados de la plaza del Pilar de Zaragoza, pero tuvo que suspenderse porque, aunque han pasado seis años desde el accidente, todavía no se dispone de la autopsia del conductor. En la vista, deberán aclararse cuestiones fundamentales. La más importante: cuál fue el verdadero desencadenante del siniestro.

Los hechos se produjeron en la mañana del 30 de marzo de 2002, en el kilómetro 57,100 de la carretera N-234, a la altura del término municipal de Barracas (Castellón). Samuel P. conducía un Volkswagen Golf, en el que también viajaban otros tres amigos de Zaragoza. Los jóvenes regresaban de Oropesa, donde habían pasado el Viernes Santo y el Sábado Santo, cuando se vieron involucrados en una colisión contra una furgoneta Volkswagen Caravelle con matrícula de Valencia.

Como consecuencia del choque, fallecieron prácticamente en el acto el conductor y el joven que iba sentado detrás de él. Los otros dos ocupantes del Golf sufrieron lesiones muy graves, que motivaron el traslado de un de ellos en helicóptero al Hospital Miguel Servet, donde murió días más tarde. El conductor y único ocupante de la furgoneta, de 42 años, también falleció horas después del choque.

El accidente se registró sobre las 8.45, y los únicos testigos fueron dos personas que a esa hora viajaban por ese tramo de la N-234 en un Ford Escort. Este coche circulaba por delante del Golf de los jóvenes zaragozanos, y según manifestó su conductor a los instructores del atestado, lo hacía a "unos 70 kilómetros por hora". Al parecer, esta persona declaró también que acababa de despertar a su compañera para que cogiera la cámara de vídeo y grabara la nieve que había en los montes.

La demanda, 4 años después

Seguros GES presentó la demanda civil en 2007, dos años después de que se archivaran las diligencias del caso, de las que se encargaba el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segorbe.

"Nos llegó la notificación oficial justo una semana antes de la boda de nuestra hija. Si empezábamos a salir del pozo, aquello terminó definitivamente de hundirnos", reconoce Pilar N., madre del joven conductor fallecido.

Los que deberían haber sido unos días felices para la familia se tornaron en una nueva pesadilla. De hecho, la compañía pidió al juez que adoptará medidas cautelares para garantizar el posible pago de los más de 400.000 euros. Para ello, solicitó que se les embargara el piso y el coche. "Mientras mi marido estaba en la vista previa en la que se planteaba el posible embargo, yo acompañaba a mi chica a la última prueba del vestido de novia. No fui capaz de decirle nada", explica la madre.

La abogada que asiste a la familia, Carmen Cifuentes, es consciente de que el proceso puede prolongarse todavía varios años. Porque aunque el juicio ahora suspendido se señale pronto, previsiblemente alguna de las partes recurrirá y el caso llegará al Tribunal Supremo.

Para la letrada zaragozana, en el juicio habrá que examinar con detalle los informes emitidos por el Instituto Nacional de Toxicología. Porque han sido tres, y cada uno ha enmendado al anterior. Existe además un informe pericial de la defensa que desvirtúa la validez de las muestras de orina a la hora de hablar de alcoholemia, "porque es un fluido sujeto a múltiples factores de variabilidad". En cualquier caso, primero habrá que esperar a conocer el informe de la autopsia, qué muestras se tomaron y si se respetó la cadena de custodia.