Los vecinos quieren parar las obras de la Escuela de Artes en los tribunales

Los vecinos de la calle de María Montessori han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno de Aragón por el que piden la paralización de las obras de la Escuela de Artes al considerar que "no cumple la legalidad" y le exige que deje expéditos los viales públicos ocupados por la construcción.

La comunidad de vecinos del 2-10 de la citada calle denunció hace meses las afecciones que estaba originando la Escuela de Artes, que se está construyendo en la avenida de María Zambrano. Además de grietas en las viviendas por el fuerte micro pilotaje que se desarrollo durante semanas, los residentes del entorno aseguran que el proyecto de la Escuela de Artes anula dos viales que son "fundamentales" para el tránsito de vehículos y que unen Gómez de Avellaneda con María Zambrano.

De hecho, los demandantes aseguran que estas obras "no cumplen la legalidad", ya que el Gobierno de Aragón ha cerrado dos viales públicos sin que el Ayuntamiento lo haya autorizado con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). "Deberían haber seguido una serie de pasos administrativos", puntualizó el abogado de los demandantes. El Gobierno de Aragón solicitó el cambio en el PGOU, pero tras la aprobación inicial, fue paralizado posteriormente. Entonces, la DGA decidió empezar las obras, atendiendo al interés social del proyecto.

Los vecinos critican que se haya autorizado este procedimiento y, sobre todo, cerrar estos viales. Así, un conductor que quiera ir desde el centro de salud del Actur Sur hasta el colegio Molière, a unos 200 metros, debe dar un rodeo de más de 15 minutos por Valle de Broto y la avenida de los Pirineos. "Dependiendo de cómo esté el tráfico, mucho más", denunció Mercedes Ramos, una de las propietarias que han emprendido el recurso contencioso administrativo. En esa zona, precisamente, además de las instalaciones sanitarias, se concentran dos colegios, una guardería y decenas de pisos. La Asociación de Vecinos San Andrés, de la zona de Ranillas, también ha mostrado su apoyo a los residentes del entorno.

Por su parte, fuentes del Gobierno de Aragón explicaron que esta Administración se ha acogido a un artículo de la Ley Urbanística que le permite actuar de esta manera (sin aprobación específica del Ayuntamiento) y, por conseguiente, se ajusta a la legalidad. Además, recordaron que se acordó con los vecinos que un perito valorase los daños en las viviendas para proceder a su reparación.