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El consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, reconoció hoy que ha habido "contactos" desde el Ejecutivo autónomo y desde el Ayuntamiento de Zaragoza con empresas especializadas en explotar campos de fútbol que no solo celebran un partido cada 15 días, sino que poseen espacios comerciales, como ocurre en algunos lugares de Europa, dijo.

Larraz lo señaló así en declaraciones a los medios de comunicación antes de comparecer en la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón, a petición del Partido Popular, para informar sobre la participación del Ejecutivo aragonés en la financiación del nuevo campo municipal de fútbol de Zaragoza, que estará ubicado en el barrio de San José.

Necesidad de un "volumen importante de dinero"

Durante la comisión, el consejero comentó que la construcción del nuevo campo requerirá de un "volumen importante de dinero", que "difícilmente encaja en los presupuestos de la Comunidad autónoma", si bien opinó que hay "muchas posibilidades" de obtener financiación.

Al respecto, apuntó que la explotación de las futuras instalaciones "pueden servir para la financiación", aunque opinó que ésta no permitiría asumir el coste de todo el proyecto, por lo que también apostó por contar con otras entidades, como el club de fútbol del Real Zaragoza, que utilizará el campo y con quien dijo que él no se había reunido todavía para tratar de esta cuestión, así como otras entidades.

En este sentido, indicó que, además de con empresas que gestionan campos de fútbol, también se han puesto en contacto con "entidades financieras que están interesadas en este proyecto".

El consejero agregó que la comisión creada entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para determinar cómo gestionar y financiar la construcción del nuevo estadio va a encargar un plan de viabilidad que defina "lo más puntualmente posible" tanto el modelo de funcionamiento como el modelo de financiación del campo. Este plan será elaborado por una empresa que se elegirá por concurso y que tendrá un plazo de dos meses para elaborarlo.

Sociedad en vez de consorcio

Larraz comentó que él se decanta más por constituir una sociedad en vez de un consorcio porque estos últimos suelen utilizarse para la unión de instituciones públicas, mientras que las sociedades pueden dar cabida a institución privadas, cuya presencia sería "conveniente" para "tratar de minimizar el coste del proyecto", entre las que mencionó tanto al Real Zaragoza como a compañías que tengan interés en explotar el campo.

Por otra parte, estimó que "no hay ningún tipo de frivolidad" al tratar de este proyecto en un momento de crisis económica porque su construcción supondrá "obra pública que genere empleo" en el sector de la construcción y fuera del mercado de la vivienda.

Además, continuó, el actual campo se construyó hace 50 años y no cumple la normativa. Larraz argumentó, por otra parte, que el Ayuntamiento de Zaragoza es el "agente principal" en este proyecto puesto que se trata de un campo de fútbol municipal, mientras que el Gobierno de Aragón está "como facilitador" del mismo.

En este sentido, incidió en que, en España, todos los campos municipales que se han construido "no han sido los ayuntamientos los que los han hecho", sino que "siempre ha ayudado la Comunidad autónoma". En este caso, apuntó, se está en la fase de ver primero "cuál es el plan de negocio y financiero y, a continuación, ponernos de acuerdo en cómo vamos a participar cada cual".

El diputado del PP, Antonio Suárez, sostuvo en que el Gobierno de Aragón no debe poner "ni un solo euro" del presupuesto ordinario para financiar este proyecto, y estimó que "se pueden buscar recursos externos" a través de la iniciativa privada, contando con el Real Zaragoza, y a través de la gestión de esas instalaciones.

De no ser así, el Ejecutivo aragonés "no debe participar, sino esperar mejores ocasiones" y que el Ayuntamiento de Zaragoza "asuma su responsabilidad", máxime teniendo en cuenta la situación de crisis económica y desempleo, que hacen que este proyecto "no sea prioritario".

Suárez también preguntó al consejero si estaba de acuerdo con recalificar los suelos del actual campo de fútbol de la Romareda para financiar el nuevo estadio, a lo que Larraz respondió que "no entiendo del ladrillo".

El diputado de Chunta Aragonesista (CHA), Chesús Yuste, manifestó que el convenio suscrito entre el Ejecutivo y el consistorio de la capital sobre el nuevo estadio deja "todo demasiado abierto", consideró que éste no era un proyecto prioritario y recomendó al consejero que, ante la situación de crisis y la posible falta de apoyos, "guarden el proyecto en un cajón y esperen a que cambie el cierzo".

El diputado de Izquierda Unida (IU), Adolfo Barrena, rechazó la recalificación de los suelos de la Romareda para financiar el nuevo campo y que se utilice "dinero público" para este proyecto, recordó que su formación apoyó en el Ayuntamiento de Zaragoza la nueva ubicación, pero exigió el mismo nivel de consenso que se alcanzó entonces para decisiones posteriores respecto a esta infraestructura.

Los portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno, Partido Socialista y Partido Aragonés, recalcaron que la firma de un convenio entre ambas instituciones era un elemento "primordial" para sacar adelante este proyecto, dijo Antonio Piazuelo (PSOE), que muestra la "voluntad política" de ambas instituciones para acometer esta infraestructura "que genererá empleo, recuperará una zona de la ciudad" y dotará a la capital de un campo de "primer nivel", precisó la diputada del Partido Aragonés (PAR), Ana de Salas.

Financiación municipal

En otro orden de cosas, la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón rechazó hoy una proposición no de ley presentada por el PP que pedía al Ejecutivo aragonés que estableciera en 2010, como regla general, que las ayudas del Gobierno autonómico a las entidades locales, comprendidas en el Fondo Local de Aragón, fueran al cien por cien a fondo perdido o, en su caso, el mayor porcentaje admitido por la ley.

La iniciativa también solicitaba que se garantizara este año, mediante convenios con las entidades financieras, la existencia de líneas de créditos a las entidades locales aragonesas con un coste financiero cero para que éstas pudieran hacer frente a los desajustes económicos derivados de las liquidaciones negativas del presupuesto.