El traslado de la Romareda implicará 2,1 millones de indemnización a la constructora

El acuerdo de trasladar el estadio de fútbol de la Romareda de Zaragoza supondrá a las arcas municipales un desembolso de 2.122.753 euros en indemnizaciones por rescindir el contrato con la empresa a la que se le había adjudicado la construcción de un nuevo campo en su actual ubicación.

Aunque la UTE formada por Acciona Infraestructuras y Sacyr solicitaba 6,3 millones de euros por la rescisión del contrato, finalmente se ha llegado al acuerdo mutuo de fijar una indemnización del 3% del precio de adjudicación de la obra.

El acuerdo, que ha sido adoptado por el Gobierno de Zaragoza, cuenta con el visto bueno del equipo de Gobierno PSOE-PAR, del PP y de IU, salvo de CHA, impulsor de la construcción del campo en su actual ubicación en la pasada legislatura y que considera "una estafa" para la ciudad el abono de dicho importe.

Según informó el consejero municipal de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, tras la reunión del Gobierno se ha descartado indemnizar al estudio Lamela como autores del proyecto porque mantiene los derechos del proyecto básico para el edificio de oficinas que estaba previsto en la parcela contigua.

El concejal informó de que este acuerdo permite al Ayuntamiento recuperar la propiedad de dicha parcela, de 42.500 metros cuadrados, que mantiene los usos previstos para oficinas y comercial y que se había cedido para la financiación de la construcción del campo de fútbol.

Tampoco hay prevista indemnización por posible desequilibrio financiero en la explotación del aparcamiento subterráneo de la plaza de Eduardo Ibarra, ya que la ley concede un plazo de cinco años para verificar si ha existido una pérdida de lucro.

El edil confió en que el desarrollo de dicha parcela con la construcción de oficinas y un equipamiento comercial que se hará, dijo, "en poco tiempo", evite el desequilibrio financiero.

Pérez Anadón descartó asimismo que el Ayuntamiento retire el recurso contra la sentencia en primera instancia que paralizó cautelarmente las obras de la construcción del nuevo campo porque cuestionaba el sistema de financiación mediante permuta, que fue recurrido por el PAR.

El responsable de Urbanismo aseguró que las cifras de esta indemnización son "asumibles" por las arcas municipales y ratificó los avances para impulsar el nuevo estadio en el barrio de San José, en las proximidades del pabellón Príncipe Felipe, con la aprobación, en el Consejo de Gerencia del próximo martes, del Plan Parcial del polígono 38.4.

De forma paralela se redactará el pliego de condiciones para convocar el concurso de ideas para diseñar el nuevo campo, que se convocará tras la aprobación del Plan Parcial.

El portavoz del PAR, Manuel Blasco, como actual socio del Gobierno, opinó que la indemnización es una cantidad "razonable" y un "pequeño pago por los errores cometidos" y "más que el final de una mala historia el principio de una buena obra" con un amplio acuerdo.

Blasco mostró su convencimiento de que el Gobierno de Aragón financiará, al tiempo que advirtió que el recurso del Ayuntamiento contra la paralización de las obras ya "ha perdido gran parte de su validez porque desaparece la causa".

El portavoz del PP, Domingo Buesa, se mostró optimista con esta decisión porque se recuperan 42.000 metros para la ciudad y responde al acuerdo que firmó el equipo de Gobierno con su grupo el pasado mes de diciembre.

El concejal de CHA Antonio Gaspar, ex responsable de Urbanismo, criticó que el Ayuntamiento sea la primera institución que renuncia a defenderse en los tribunales y decide pagar antes de que el juez lo dictamine, pues en el caso de que hubiera sido favorable a sus intereses la indemnización la tendrían que haber pagado PAR y PP, que fueron los que recurrieron el nuevo estadio.

José Manuel Alonso, de IU, señaló que la cifra "es la menor que podía reclamar la empresa" y apuntó que la cuantía había que "cargarla en el debe de quien gestionó mal".