El fallo sobre Mularroya puede obligar a repetir la tramitación del embalse

La sentencia de la Audiencia Nacional que acaba de anular la declaración de impacto ambiental (DIA), el anteproyecto y el proyecto del embalse de Mularroya puede obligar a repetir toda la tramitación del pantano, lo que supondría un retraso de al menos dos años en la puesta en servicio de la presa. Distintos expertos en Derecho Administrativo consultados por este periódico coinciden en señalar que, si el Tribunal Supremo confirma el fallo, el Ministerio de Medio Ambiente tendrá que volver a redactar esos tres documentos.

Además, los juristas advierten de que, si los opositores a Mularroya solicitan que se detengan las obras, la Audiencia Nacional podría acceder a su petición sin imponerles necesariamente una fianza millonaria. "Ya no sería una paralización cautelar, sino la ejecución provisional de una sentencia -recuerdan-. Estarían respaldados por un fallo de la Audiencia Nacional, que no es cualquier cosa".

La sentencia anula la DIA aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente en noviembre de 2003 al considerar "insuficientes" las medidas correctoras previstas en el correspondiente estudio de impacto. Al revocar ese acto administrativo, también invalida los que le siguieron: la aprobación del anteproyecto y la del proyecto.

El Ministerio ya ha anunciado que va a recurrir el fallo ante el Supremo. No obstante, los expertos consultados por HERALDO coinciden con el abogado de los opositores al embalse en que es "muy complicado" que el Alto Tribunal enmiende a la Audiencia Nacional. "Al ser una casación, se pronunciará sobre la corrección de la sentencia, no sobre los hechos juzgados", subrayan.

Si el Supremo confirmara el fallo, la Confederación tendría que volver a redactar un estudio de impacto que solucione las lagunas detectadas por la Audiencia Nacional. Una vez terminado, Medio Ambiente lo analizaría y emitiría la correspondiente declaración de impacto ambiental.

Dando por hecho que la DIA fuera positiva, todavía habría que aprobar primero el anteproyecto y luego el proyecto. En principio, las correcciones que se hicieran serían menores y apenas habría cambios respecto a los documentos actuales, pero volver a tramitas ambos documentos llevaría bastante tiempo.

Seguir con las obras, "arriesgado"

En cuanto al desarrollo de las obras en curso, los juristas a los que ha acudido este periódico no solo ven factible la paralización de los trabajos hasta que se pronuncie el Supremo, sino que consideran "arriesgado" que el Ministerio siga adelante. "Continuar con las obras es una decisión política, pero hay que pensar que la ejecución de las obras se basa en un proyecto anulado -recuerdan-. Si la sentencia acaba siendo firme no se podrá echar ni una paletada más de tierra, y entonces habría que ver qué pasa con todo lo que se ha hecho hasta ese momento".

Los expertos consideran "muy improbable" que la Justicia ordene destruir las obras ya realizadas, pero no descartan esta posibilidad y destacan que Medio Ambiente deber velar por el buen uso de los fondos públicos.