Zaragoza. El acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para financiar el campo de futbol sigue en el aire. Pese a que el vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, y el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, anunciaron que el convenio se firmaría en junio en el marco de una comisión bilateral de coordinación entre las dos administraciones, no ha sido así por discrepancias en la formulación de la operación. En cualquier caso, fuentes de las dos instituciones confiaron en que este mes pueda firmarse el acuerdo.

El Ayuntamiento considera, según diversas fuentes consultadas, que la causa del problema está en la resistencia del consejero de Economía, Alberto Larraz, y por extensión del PSOE autonómico, a concretar la participación económica de la DGA por la vía presupuestaria. Las citadas fuentes concluyen que el acuerdo entre el concejal de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, y el vicepresidente de Aragón, José Ángel Biel, es total, pero que es el responsable de las arcas autonómicas, que ha dicho por activa y por pasiva que no pondrá ni un euro de sus presupuestos para el estadio, quien bloquea el acuerdo.

En el Ayuntamiento se está pendiente de que Biel se reúna tanto con Larraz como con el presidente de la DGA, Marcelino Iglesias, para resolver el asunto. Si estas conversaciones no dan fruto, serán Belloch y el jefe del Ejecutivo autonómico los que traten de solucionar el problema. En caso de que haya fracaso absoluto, fuentes municipales anuncian que el Ayuntamiento renunciará al proyecto, porque no está dispuesto a asumirlo en solitario.

El Ejecutivo autonómico lo ve de otra manera y niega que Larraz bloquee el acuerdo, aunque avisan que la aportación económica de la DGA no se incluirá en los presupuestos de la Comunidad Autónoma y que habrá que buscar otras soluciones, circunstancia que choca con las pretensiones del Ayuntamiento. Se compromete a repartirse con el Consistorio, al 50%, los gastos y los ingresos del proyecto. Pero se resiste a concretar el cómo.

Fuentes autonómicas insisten en que ya hay un principio de acuerdo y que los problemas ya han sido resueltos. Indican que la principal escollo del proceso negociador fue cuando se presentó una propuesta en la que las pérdidas y los beneficios se repartían de forma desequilibrada y favorecían al Ayuntamiento, circunstancia que la Intervención de la DGA no iba a admitir.

Añaden que ese asunto se ha solucionado y que, tras el acuerdo político hay que definir la estructura jurídica y financiera de la operación, que en cualquier caso no pasará por incluir un plurianual en sus presupuestos por 65 millones de euros, como ha hecho el Ayuntamiento. Creen que habrá que esperar a analizar las distintas vías de financiación, con los préstamos bancarios, las aportaciones de otros socios, como el Real Zaragoza, o los ingresos que genere el campo.

La formulación de la sociedad gestora, la concreción de su capacidad de endeudamiento, la posibilidad de admitir a nuevos socios, las posibles vías de ingresos, el reparto de las pérdidas y los beneficios o las cargas fiscales que podrían afectar a la operación son algunas cuestiones en las que están trabajando los técnicos de las dos administraciones.

Pese a que el estadio ya esté en el presupuesto municipal, la participación del Ayuntamiento se apoya fundamentalmente en un suelo terciario situado junto a la Romareda con un valor por el momento indeterminado, así como en los terrenos sobre los que estará el campo. Frente a esa situación, la DGA recuerda que se le exigen 65 millones en metálico. Y por ahí no pasa.

Pero para el Ayuntamiento la postura de la DGA es ambigua y considera determinante que las dos instituciones den una imagen clara de que respaldan económica la operación. Se niegan a que se convoque la bilateral sin un aval financiero claro. Además, expresan su confianza en que finalmente no sea necesaria una aportación económica presupuestaria de las dos instituciones y que la operación logre autofinanciarse mediante la gestión de los palcos, patrocinios y los aprovechamientos comerciales, que posibilitarían el acceso de la futura sociedad a un préstamo bancario.