La lucha contra los talleres ilegales se salda con 15 clausuras y cientos de multas

Quince cierres y cientos de denuncias. Es el balance de la lucha contra los talleres mecánicos ilegales emprendida en Zaragoza. La creación en abril de 2016 de una mesa técnica de trabajo donde colaboran diferentes instituciones y cuerpos policiales está dando sus frutos y «por primera vez el número de negocios irregulares ha caído» en la ciudad. Así lo asegura la presidenta de la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Zaragoza (Atarvez), Cristina Durán, para quien esta nueva cooperación «está funcionando muy bien».

«Estamos muy contentos y por eso les damos las gracias a todos los participantes» en la mesa, creada al abrigo de la Delegación del Gobierno en Aragón. La incorporación de la Policía Local de Zaragoza a las labores de inspección que ya ejercían otros cuerpos fue clave para atajar esta actividad ilegal en auge en la ciudad y su entorno en los últimos años. Los agentes de la Unidad de Barrios Rurales han decretado la práctica totalidad de los quince cierres y han impuesto 129 denuncias.

Junto a ellos, el Seprona de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Inspección de Trabajo, y los servicios de Industria y Empleo y de Control Ambiental de la DGA han puesto en común su trabajo para coordinar esfuerzos. Además, desde Atarvez apuntan a la importancia de hacer pública su labor. «Se ha corrido la voz y ha salido en prensa, eso nos ha venido muy bien para que incluso los clientes de los talleres ilegales sean conscientes de los riesgos que corren», explica Durán.

En el área metropolitana

Aún así, la actividad de estos negocios irregulares está lejos de erradicarse por completo, y «si bien en la capital se ha mejorado, ahora se están desplazando a La Cartuja, Cuarte, Cadrete, Pastriz...», señala la representante del sector. Las denuncias reflejan que, aunque todavía se encuentran infracciones en distritos de la ciudad como Casablanca o Las Delicias, la mayoría se ubican en polígonos industriales, barrios rurales y el área metropolitana.

Las naves industriales, los garajes privados y los chalets sirven para instalar este tipo de servicios al margen de la ley. «Este año incluso nos llamó un administrador de fincas para decirnos que un vecino estaba reparando coches en el garaje comunitario», comenta Durán.

En la mayoría de casos se les acusa de ofrecer un servicio sin la correspondiente licencia municipal, sin la autorización administrativa que concede la DGA por actividad industrial, o sin estar inscritos en el registro de gestión de residuos peligrosos. Además, se persigue el fraude fiscal y el laboral que conllevan. Hasta la creación de este grupo de trabajo, se calcula que en la provincia de Zaragoza daban este servicio clandestino unos 300 establecimientos. Más de 120 negocios legales tuvieron que cerrar mientras aumentaba la facturación de las tiendas de recambios.