La valoración que el tribunal haga del estado mental de Inocencio Lázaro Longares, de 59 años, en el momento de acuchillar a su exmujer, Anabel A., y al amigo de esta, Alfonso J. M., será clave para determinar la condena. Eso sí, como ayer quedó de manifiesto durante la segunda y última sesión del juicio celebrado en la Audiencia de Zaragoza, los especialistas que lo han examinado no se ponen de acuerdo sobre su imputabilidad.

Los magistrados tienen dos opciones: inclinarse por la opinión de los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), que creen que el acusado actuó aquella madrugada de forma "muy programada"; o la de los psiquiatras que lo vieron a petición de su abogado defensor, Enrique Trebolle, que hablaron de "conducta impulsiva".

Estos últimos dijeron que Inocencio Lázaro tiene un trastorno de personalidad paranoide, marcado por una celotipia. Según los especialistas, en la fechas en las que ocurrieron los hechos, el trastorno estaba agravado por una "potente" situación de estrés y ansiedad producto de la abstemia del alcohol (estaba en Alcohólicos Anónimos) y la frustración por su separación y por tener que irse a vivir a un lugar que consideraba un «cuchitril».

Mientras, los forenses subrayaron que, por su experiencia, en los trastornos de personalidad no se pierde la "cualidad de comprender los actos". Según estos, la conducta que desarrolló esa noche el acusado (llamó al portero de la finca varias veces para que le informara de los movimientos de su exesposa) no fue impulsiva sino "programada". En cuanto a las lesiones, indicaron que las sufridas por Anabel A. en el abdomen eran mortales de necesidad, mientras que las de su amigo eran "superficiales".

Las acusaciones particulares, a cargo de los letrados Javier Notivoli y Antonio Jorge Torrús, mantuvieron sus peticiones iniciales de condena de 15 y 11 años, respectivamente, mientras que el fiscal solicita 19 por los dos delitos de tentativa de asesinato. La defensa propuso que se apliquen las atenuantes de enajenación mental, confesión y reparación del daño y se imponga al acusado una pena máxima de tres años de prisión.