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Ayuntamiento de Zaragoza

Los jardineros temen perder un 20% del sueldo por el conflicto entre el Ayuntamiento y FCC

La contrata municipal expira el 1 de enero y los 250 empleados dependerán del convenio estatal. La empresa dice que mantendrá las condiciones de los trabajadores si lo pacta con el Consistorio.

Algunos visitantes en el paseo de los plátanos del parque Grande José Antonio Labordeta.Oliver Duch

Los próximos meses prometen ser movidos en el servicio de mantenimiento de buena parte de los parques y jardines de la ciudad. Los roces entre el Ayuntamiento de Zaragoza y FCC, encargada de cuidar la mayoría de las zonas verdes, pueden acabar con un conflicto laboral de primer orden. Los trabajadores temen que la empresa les pueda aplicar una bajada de salario de alrededor del 20% el 1 de enero, fecha a partir de la cual termina el contrato de gestión que ganó en 2013 y que ha renunciado a prorrogar al no llegar a un acuerdo con el Consistorio.

A partir de esa fecha, el Ayuntamiento asegura que FCC debe seguir haciendo su trabajo pese a no tener vinculación contractual, al tratarse de un servicio esencial. Sin embargo, los 250 trabajadores no seguirán sujetos al pacto-empresa, y pasarán a depender del convenio estatal. Esto supone que la compañía puede decidir mantener las condiciones laborales actuales o rebajar hasta aproximadamente un 20% los salarios de los empleados.

Según confirmó ayer FCC a este diario, ya han comunicado a los trabajadores que "el 31 de diciembre de 2017 quedará rescindido el pacto" que tienen actualmente. Además, la empresa añadió en esa misiva que "mantendrá las condiciones laborales de dicho pacto" hasta que se solucione el futuro del servicio, que está pendiente de la posible remunicipalización o de, lo que es más probable, la licitación de un nuevo contrato. No obstante, FCC condiciona este extremo a que "se acuerde entre empresa y Ayuntamiento".

Es decir, que el mantenimiento de las condiciones laborales dependerá de que el Consistorio y la empresa lleguen a un acuerdo que presumiblemente será económico, teniendo en cuenta que según FCC están perdiendo dinero con esta contrata, según ha transmitido en diversos ámbitos del Ayuntamiento. La empresa no quiso hacer ayer ningún comentario sobre esta situación, ni sobre el futuro del servicio desde el 1 de enero.

Por su parte, los representantes de los trabajadores mostraron su temor a que FCC les aplique la bajada de sueldo. "En ese caso, tomaremos medidas", apuntó el presidente del comité, José Luis Muro. Los trabajadores no quisieron concretar en qué consistirán estas decisiones, pero sí avanzaron que señalarán como culpable "a la empresa", ya que, según ellos, "tiene la obligación de mantener las condiciones laborales hasta que deje el servicio".

Pendiente de la votación

El Ayuntamiento se encuentra actualmente en pleno debate sobre el modelo de gestión de parques y jardines, con las opciones de la municipalización y del nuevo contrato sobre la mesa. Lo único que de momento es seguro es que el 1 de enero no estarán en vigor ni una opción ni la otra. El retraso en el debate y la tramitación de alguno de estos dos modelos por parte del gobierno ha provocado que ninguno vaya a llegar a tiempo a finales de año.

El equipo de ZEC está esperando el informe del interventor sobre la municipalización, que estará listo durante los próximos días. Inmediatamente, convocará una comisión extraordinaria de Servicios Públicos para que los grupos se posicionen.

Si, como parece más probable, la mayoría del pleno rechaza la municipalización de parques y jardines, el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, se ha comprometido a sacar inmediatamente el concurso público para que una empresa siga gestionando el servicio. Según ha apuntado, los pliegos ya están listos para publicarse y que las compañías presenten sus ofertas.

No obstante, la tramitación de esta contratación durará varios meses, por lo que hasta mayo o junio del año que viene el concurso no estaría adjudicado. Mientras tanto, FCC tendría que seguir prestando el servicio en reconocimiento de obligaciones, es decir, sin contrato en vigor.

La incógnita que de momento la empresa no aclara es en qué condiciones lo hará. Fuentes del equipo de gobierno apuntaban ayer que una de las opciones es que, al no estar obligado por contrato a prestarlo, FCC pueda reclamar al Ayuntamiento las pérdidas económicas que le ocasione el servicio durante todo este tiempo.





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