Dionisio Reyes, Ferrán Lambert, Manuel Domínguez y Raúl Muñoz reconocieron ante la Audiencia de Zaragoza que cuando cerraron con una familia de Tarazona la compra de la empresa Electricidad Albericio, nunca tuvieron intención de asumir las obligaciones inherentes a la operación.

La Fiscalía, que retiró la acusación respecto a tres implicados más porque les consideró meros hombres de paja, solicitaba para los acusados penas de cárcel que sumaban 18 años, pero finalmente las partes llegaron a un acuerdo y la petición se quedó en un año y nueve de prisión y una indemnización de 120.000 euros a la familia Albericio, a la que causaron “importantes perjuicios personales y económicos”, según el ministerio público, porque tenían avalados con sus propios bienes los créditos pedidos para la empresa, cuya venta quedó certificada ante notario en diciembre de 2011 por una cantidad cercana a 300.000 euros.

El trato no contemplaba ningún pago por parte de los compradores, pero sí el deber de hacerse responsables de las deudas contraídas por la firma, que se encontraba en apuros económicos. Los acusados no cumplieron con lo pactado en ningún momento: se dedicaron a mover dinero entre las cuentas de la empresa para dar sensación de actividad, pero el fin último era el reparto entre los implicados, que incluso llegaron a abrir carteras a nombre de la compañía en varias agencias y gastaron unos 60.000 euros en viajes, a nombre de la empresa y sin pagar, al Caribe, la Riviera Maya y China, entre otros.