La Audiencia de Zaragoza ha condenado a Roberto Malo González a ocho años y medio de prisión como autor de tres delitos relacionados con la corrupción de menores y posesión de pornografía infantil. El tribunal considera probado que el acusado, haciéndose pasar en Facebook por una chica, engañó a dos hermanos de 12 y 14 años para que le enviaran fotos de sus genitales y practicando actos sexuales. Además, Roberto Malo aprovechó esta red social para ofrecer y exhibir a los dos chicos material pedófilo que él poseía en su ordenador, en el que se encontraron centenares de archivos de este tipo.

Los magistrados de la Sección Primera no han dado ningún crédito a la versión del acusado, que alegó que alguien había pirateado su ordenador y suplantado su identidad a través de lo que se conoce como ‘phishing’. Para el tribunal, su explicación es una mera especulación. Recuerda que Roberto Malo, de 33 años, tiene cierto grado de conocimiento en informática y que lo razonable, si hubiera sido cierto que lo habían ‘hackeado’, es que hubiera protegido su sistema, sobre todo desde que en 2009 fuera condenado por otro delito de tenencia de pornografía infantil y se le incautaran vídeos pedófilos en su ordenador.

Por el contrario, el tribunal da total credibilidad al testimonio tanto de los dos hermanos como de su madre, que fue quien descubrió en el ordenador de sus hijos no solo fotos de ellos de índole sexual, sino también de niñas pequeñas y abusadas, imágenes que se las había enviado el acusado con el nombre y perfil en Facebook de una tal ‘Sarita Delgado Nana’ o ‘Sarita Bestt’, nombre que usaba en Skype.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Alberto Belloch, declara probado que cuando los menores quisieron dejar de contactar con ‘Sarita’ esta les amenazó con enviar sus fotos y vídeos sus amigos si no continuaban haciendo lo que les pedía.

Las investigaciones de la Unidad de Delitos Tecnológicos de Zaragoza determinaron que Roberto Malo era quien había registrado el nombre de Sarita, que los datos de la dirección IP correspondían a su número de teléfono y que el domicilio en el que tenía activada la IP era el que comparte con su padre y en el que reside, a pesar de estar empadronado en otra calle de Zaragoza. Además de la pena de prisión, deberá indemnizar a los dos hermanos con 7.000 euros y se le prohíbe acercarse a ellos durante diez años. La Audiencia, tal y como solicitaron la Fiscalía y la abogada de la acusación particular, Ana Gallego Fuentes, le condena también a diez años de libertad vigilada, periodo durante el cual no podrá comunicarse con los dos hermanos, deberá comunicar cualquier cambio del lugar de residencia o de puesto de trabajo, tendrá prohibido desempeñar determinadas actividades y se le impone la obligación de participar en programas de rehabilitación.