El consejo de administración de Ecociudad ha aprobado esta martes remitir a la Fiscalía el informe del letrado asesor que achaca hasta cinco posibles delitos al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve. El acuerdo ha contado con los votos favorables de los ocho representantes de PP, PSOE, Ciudadanos y CHA, y con la oposición de los tres de ZEC.

De esta forma, “en los próximos días”, en palabras de la presidenta de la sociedad, María Navarro (PP), se remitirá al ministerio público el documento según el cual el primer edil podría haber incurrido en prevaricación, falsedad, ocultación de documentos, denuncia falsa y acoso en su gestión al frente de Ecociudad.

En el expediente que ya se está preparando se incluirá, además, el informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento que eximía a Santisteve de cualquier posible delito, pero no se pondrá al mismo nivel que el del letrado asesor, tal y como solicitaban CHA y ZEC. En este sentido, Navarro ha señalado que no hay “ninguna intención de ocultar información”, por lo que “se adjunta como anexo”, y ha recordado que lo que se ha votado era “poner en conocimiento del fiscal la conclusión de una comisión de investigación” que fue aprobada “por cuatro de los cinco grupos del pleno”.

Por su parte, el consejero de ZEC Guillermo Lázaro ha calificado como “sumamente grave” que se “persiga” al acalde por “intentar poner luz” en la gestión pasada de Ecociudad. Además, ha vuelto a cuestionar la legitimidad e imparcialidad del letrado asesor de la sociedad, al hablar de dos informes, “uno del letrado contratado por Ecociudad y otro imparcial de los letrados municipales de la asesoría jurídica”.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, no ha puesto en duda la labor del letrado, pero sí ha considerado que ambos informes “son de rango lo suficientemente importante” como para enviarlos en el mismo nivel, aunque el que exime a Santisteve “no haya salido de un acuerdo plenario”.

Finalmente, Lola Ranera (PSOE) ha señalado que han “atendido la petición del alcalde” de trasladar cuanto antes el informe, mientras que Alberto Casañal (C’s) ha recordado que tenían “obligación” de acudir a la Fiscalía.