Como un auténtico calvario de consecuencias psicológicas y emocionales enormes, así describen Santiago y Renate los casi seis meses que fueron apartados de su hijo, de solo cuatro años, por unas sospechas de abusos sexuales del Servicio de Protección de Menores que los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) consideraron después infundadas. El matrimonio, que hizo público su caso en HERALDO a comienzos de junio, anunció que adoptaría acciones legales contra los responsables de esta "gran negligencia". Y eso es lo que ha hecho, ya que acaba de presentar una reclamación patrimonial de 250.000 euros contra el Instituto Aragonés de Servicios Sociales de la DGA.

Como explica el abogado de la familia, Alfonso Bayo, se trata de un paso previo a la vía judicial. Porque si la administración autonómica no reconoce que el menor fue apartado de su familia de forma "totalmente arbitraria e injusta" y les indemniza por ello, los padres llevarán el caso a los tribunales.

Los hechos se remontan al 23 de noviembre de 2016, cuando el Servicio de Protección de Menores abre un expediente de desamparo y decide retirar a los padres la custodia del pequeño. De hecho, la Policía Nacional se presentó dos días después en el colegio del pueblo donde viven para llevarse al chico y entregarlo a una familia de acogida.

Según consta en el expediente del caso, el propio centro escolar había advertido a los servicios sociales de la comarca de un posible caso de abusos sexuales. Sin embargo, los docentes aseguraron durante la investigación posterior que nunca habían detectado conductas anormales en el menor, pero varios padres de compañeros acudieron a ellos diciendo estar preocupados por el lenguaje supuestamente hipersexualizado de este chico y algunos de los juegos que practicaba con sus hijos.

Tras hablar con todos los implicados, el equipo 3 de Menores llegó a la conclusión de que podían haberse dado tales abusos e informó a la Fiscalía. Ello dio lugar a la apertura de una causa penal contra el padre por presuntos abusos sexuales, diligencias que el juez ordenó archivar en mayo nada más conocer las categóricas conclusiones de los psicólogos forenses IMLA. Porque, como informó este periódico, estas eran diametralmente opuestas a las que en su día alcanzaron los especialistas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Es más, los primeros cuestionaban incluso el rigor con el que se habían practicado ciertos procedimientos por parte de sus compañeros.

"Basta leer las conclusiones de dicho documento para deducir la barbaridad cometida por este organismo administrativo", mantiene el letrado de la familia en el escrito presentado ante el Gobierno aragonés.