La Policía Nacional ha detenido a siete personas en Zaragoza, que controlaban la contratación ilegal de ciudadanos extranjeros en situación irregular para cuidar enfermos en hospitales de la capital aragonesa.

Así se ha desasticulado esta organización criminal que favorecía la inmigración ilegal con fines de explotación laboral. Entre los arrestados se encuentra la responsable de este grupo criminal y uno de sus hijos, a las que se les imputan un delito contra los derechos de los trabajadores, otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito de amenazas graves.

Las investigaciones policiales comenzaron hace tres meses, cuando la Policía tuvo conocimiento de varios altercados que se estaban produciendo en los hospitales, y que involucraban a personas extranjeras, dedicadas al acompañamiento y cuidado de enfermos y ancianos.

"Esto es territorio nuestro"

Una de las personas involucradas en estos altercados era B.M.B.A., conocida para los investigadores puesto que ya fue detenida por hechos similares en el año 2012. Esta mujer, junto con otras personas, constituían una organización dedicada a monopolizar las labores de acompañamiento y cuidado de enfermos en la capital.

El modus operandi de la organización liderada por la principal investigada consistía en hostigar, amenazar, provocar, agredir y denunciar a aquellas personas que querían dedicarse al cuidado de enfermos por su cuenta, aduciendo que “esto es territorio nuestro”. Quien quisiera trabajar en el cuidado y la atención de enfermos debía hacerlo o para ella o pagándole la comisión correspondiente, apuntan fuentes de la Policía Nacional.

Sometidos a condiciones laborales abusivas

Los investigadores lograron acreditar también que, para llevar a cabo esta actividad, estaban conculcando los derechos de ciudadanos extranjeros extracomunitarios, mayormente de origen nicaragüense, que hallándose en situación irregular en España, señalan las mismas fuentes, no tenían otra opción que acatar las órdenes de la organización. Desempeñaban el trabajo sin contrato, permiso de trabajo o residencia, ni respeto alguno de la legislación vigente en materia laboral: de prevención de riesgos laborales, de formación y cualificación profesional o de cualquier otro tipo.

Estas personas se hospedaban en pisos con los que la organización había creado una infraestructura de alojamiento en la que aparecían como empadronados casi medio centenar de nicaragüenses.

Los miembros de la organización utilizaban amenazas y coacciones para asegurarse cobrar la comisión que se exigía a los extranjeros por trabajar y que no fueran a denunciar ante las autoridades españolas, aprovechando la situación de vulnerabilidad de los mismos para imponerles condiciones de trabajo abusivas, tales como turnos de entre 10 y 12 horas diarias, por unos 20 ó 25 euros, de los que invariablemente tenían que abonar entre 5 y 10 euros a la organización, llegando a prolongarse estas cadencias de trabajo por más de 12 días consecutivos.

Estos indicios permitieron que la autoridad judicial ordenara la entrada y registro en los domicilios de la principal investigada y de su colaboradora más próxima. Allí los agentes encontraron varias libretas con anotaciones de los servicios realizados, las comisiones cobradas, los trabajadores disponibles, los turnos realizados e incluso de las deudas contraídas con la organización. En el transcurso de la investigación, se han incoado 12 expedientes de sanción por infracción a la Ley de Extranjería.

Estas investigaciones continúan abiertas, analizándose la documentación y el material informático incautados en los registros, por lo que no se descartan futuras detenciones.