El jurado declara culpable de 9 homicidios a la acusada de quemar la residencia de Santa Fe

Las acusaciones piden penas que suman 62 años de cárcel y el magistrado decidirá la responsabilidad o no de la DGA.

La acusada abandona la sala de vistas de la Audiencia tras conocer el veredicto del jurado.
La acusada abandona la sala de vistas de la Audiencia tras conocer el veredicto del jurado.
Guillermo Mestre

Culpable por unanimidad. El tribunal popular encargado de juzgar a Carmen Alejandre Soriano, de 64 años, por incendiar la residencia de Santa Fe y causar la muerte a siete mujeres y dos hombres y lesiones a otras nueve personas no tuvo ninguna duda en señalar a la acusada como única autora material del incendio. Tras seis días de juicio, las pruebas practicadas en la vista oral les han servicio para concluir de manera contundente que fue Carmen Alejandre quien la noche del 11 de julio de 2015, enfadada porque no quería estar en esa residencia y porque su hijo y su nuera no querían que fuera madrina de su boda, prendió fuego intencionadamente a un colchón de una habitación desocupada.

Para el jurado, a pesar de tener levemente disminuidas sus facultades, la acusada era plenamente consciente de que en ese momento todos los ancianos, salvo otra residente y la única trabajadora que había en ese momento en el centro, se encontraban durmiendo en sus habitaciones, e incluso algunos impedidos y otros amarrados a sus camas. Nueve de ellos murieron por intoxicación de monóxido de carbono y el resto resultó afectado por el humo. Por esta razón, Carmen Alejandre será condenada por nueve delitos de homicidio, nueve de lesiones y otro de incendio. Así lo pidió la fiscal del caso, Pilar Cavero, que solicitó seis años de prisión por cada muerte, tres meses por cada lesión y seis años por el delito de incendio. En total, 62 años y tres meses de cárcel.

Como el tribunal popular también declaró probado que la acusada tenía disminuidas sus facultades mentales en el momento de cometer los hechos, Cavero solicitó que se le aplique la atenuante de alteración psíquica. No obstante, como también tiene antecedentes por herir con un cuchillo a su marido, delito por el que fue condenada a prisión, la fiscal pidió también que se tenga en cuenta la circunstancia agravante de reincidencia. A su solicitud se sumaron todas las acusaciones particulares.

En cuanto a quién debe indemnizar a las víctimas y sus familias –cuestión que no es competencia del jurado–, la fiscal solicitó la responsabilidad civil directa de la compañía de seguros Fiatc y la subsidiaria de María Isabel Domínguez Aznar –dueña del centro– y de la Fundación residencia Santa Fe. La acusada deberá indemnizar a la aseguradora RGA con 73.404 euros que ya adelantó a la propietaria del centro y con 3.050 euros a esta última.

Prórroga de la prisión

Ahora, será el magistrado-presidente José Ruiz Ramo quien valore en su sentencia si el Gobierno de Aragón es o no responsable civil, dadas las irregularidades que se detectaron en la residencia. Gran parte de las acusaciones, como las ejercidas por Xenia Cabello, Ricardo Agoiz o Guillermo Palacín, se han reservado la posibilidad de acudir a la Vía Civil o a la Contencioso-Administrativa, en función de cómo se pronuncie el magistrado en su fallo.

José Ruiz aprovechó para pedir a todas las partes que se pronunciaran sobre el hecho de prorrogar o no la prisión provisional de Alejandre, ya que el próximo 11 de julio se cumplen dos años de su detención preventiva, periodo máximo que prevé la ley salvo que se prolongue expresamente. El fiscal y las acusaciones se mostraron a favor de prorrogarla, pero no su abogada defensora, Sara Pradas, que pidió su libertad hasta que la sentencia sea firme. El jurado se mostró en contra de indultar o suspender la pena a la acusada.

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