La entidad de conservación de Plaza se ha visto obligada a cortar y vallar una calle de la plataforma logística que se construyó justo encima de una dolina activa de 40 metros de diámetro. Un informe geotécnico ha constatado que el hundimiento, que supera ya el medio metro, se está acelerando "favorecido por infiltraciones de agua y/o variaciones del nivel freático". Su arreglo cuesta unos 250.000 euros, pero lleva medio año bloqueado por la negativa de la sociedad pública a pagar a medias las obras, tal y como acordó en otoño de 2016 con la entidad de conservación de la plataforma (constituida por los empresarios que tienen parcelas, además de la empresa pública).

Los empresarios adoptaron esta decisión para solventar el problema, aunque dejaron claro a Plaza que la iban a demandar porque, como promotora, es la responsable legal del diseño y construcción de la plataforma. Y se les ofreció "sin éxito" la posibilidad de hacer un pleito conjunto contra la ingeniería y las empresas responsables de las obras, tal y como constataron fuentes implicadas en las negociaciones.

El presidente de la entidad de conservación, André Ragot, se mostró especialmente molesto por la actitud de Plaza, ya que él mismo advirtió en su día al exgerente, Ricardo García Becerril, de que en ese emplazamiento había una dolina activa. "Mi familia tenía terrenos y lo dije antes de que empezaran las obras, pero a los dos años de haber acabado la urbanización empezó a ceder el terreno. Y ahora, después de haber pactado que pagaría a medias su arreglo, se niega", apuntó.

En la junta de gobierno y en la asamblea de la entidad de conservación de finales de 2016 se abordó el "acuerdo inicial" con Plaza para cofinanciar la reparación del área dañada, que supera los 2.000 metros cuadrados y que afecta a la calzada, aceras, aparcamientos, sumideros, pozos y el colector de pluviales de la Ronda del Canal Imperial, entre otros servicios. A dichas reuniones acudieron representantes de Plaza, tal y como constan en las actas, en las que se recoge el "acuerdo inicial", pendiente de la firma de un convenio específico.

Se da la circunstancia de que la representante de la división inmobiliaria de Acciona, empresa que ejecutó la cuestionada urbanización de la plataforma, intervino en la asamblea de diciembre para exigir que "sin demora" se reparara la dolina. Y planteó que se hiciera "sin perjuicio de posteriormente repercutir el gasto a la persona o empresas responsables del vicio de construcción".

En una reunión mantenida el pasado 18 de marzo, Plaza se "desvinculó" de su compromiso de cofinanciar el arreglo. Su postura se trasladó un mes después a una junta general de la entidad de conservación, a la que también asistió un representante de la empresa pública. Con su abstención, se acordó enviar un burofax a Plaza antes de decidir emprender acciones legales.

Mientras, fuentes oficiales de la DGA aseguraron ayer que sí están dispuestos a pagar y repitieron la misma versión ya transmitida en la reunión con la entidad de conservación: los viales pertenecen al Gobierno autonómico y no a Plaza (que pertenece al 100% a la DGA).