El bufete que avaló las remunipalizaciones, investigado en Murcia por falsos informes

La empresa que el año pasado elaboró un informe que avaló los procesos de remunicipalización de servicios (como el teléfono 010) del Ayuntamiento de Zaragoza está siendo investigada en Murcia, comunidad autónoma donde tiene su sede social, por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público, por elaborar estudios técnicos que reflejaran los intereses de la administración que contrataba sus servicios.

En concreto, un juzgado de Murcia investiga si ACAL Abogados elaboró informes a medida del anterior Gobierno municipal de Caravaca de la Cruz, del PP, para respaldar la aprobación de un plan que contemplaba la construcción de miles de viviendas, un centro comercial y un campo de golf, entre otras instalaciones, en terrenos protegidos de esta localidad murciana.

El caso de presunta corrupción urbanística, llamado 'Roblecillo' por el paraje en el que se quería levantar la urbanización, estalló en 2014, cuando se imputó a una treintena de personas, entre los que figuraban el anterior alcalde de Caravaca (Domingo Aranda, del PP, que declaró ante el juez instructor al pasado marzo), algunos de sus concejales, técnicos municipales, cargos de la Administración regional, empresarios y abogados.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) han señalado que dos personas de la firma ACAL (que responden a las iniciales M.I.G.S. y M.E.G.S.) figuran como investigadas por ser las autoras de los informes jurídicos de asesoría realizados presuntamente a medida de la supuesta trama corrupta que tenía como epicentro el Ayuntamiento de Caravaca. El caso lleva varios años siendo investigado en sede judicial, algo "normal" debido a su complejidad, comentan desde el TSJM.

El presupuesto base de licitación del contrato fue de 16.500 euros (19.965 con IVA) y contemplaba 450 horas de trabajo. De acuerdo con los pliegos que se publicaron el verano pasado en el perfil del contratante del Ayuntamiento, el objeto de la contratación era "la prestación de un servicio de asistencia técnica para el impulso, desarrollo y resolución de aquellas cuestiones prácticas que se plantean en un proceso de internalización de servicios". Así pues, el informe de ACAL representó un aval jurídico para los planes de remunicipalización del Consistorio.

Consultado por este periódico, ni el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ni su equipo, han querido entrar a valorar este asunto.

Un documento cuestionado

El informe, de 15 folios y que se dio a conocer hace unos meses, fue muy criticado, tanto en contenido como en forma. En un documento fechado el 3 de noviembre de 2016, el interventor municipal, máximo responsable de la fiscalización económica y de la legalidad municipal, censuró que el Ayuntamiento contratase a una empresa para elaborar un trabajo de este tipo porque consideraba que forman parte de la plantilla municipal profesionales capaces de realizar este tipo de trabajos. También señaló que la finalidad del informe coincidía con otro contrato adjudicado a la Universidad de Zaragoza en junio de 2015, dando a entender que existía duplicidad en el objeto contratado. Además, el interventor puso en duda la cualificación profesional y experiencia del personal de ACAL para realizar este trabajo porque la empresa suele realizar estudios para ayuntamientos mucho más pequeños que el de Zaragoza. Igualmente señaló que la tramitación del procedimiento como un contrato menor no era lo más adecuado porque para una externalización de este tipo se debe justificar su necesidad y la imposibilidad de dilación en el gasto.

Este procedimiento de contratación es el más ágil porque la ley estatal de contratos del sector público permite la adjudicación directa a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Sin embargo, la ley aragonesa de referencia en esta materia establece que en los contratos menores "salvo que solo pueda ser prestado por un único empresario, se necesitará consultar al menos a tres empresas". Además, también en pro de la transparencia y la seguridad jurídica, las bases de Ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza de los ejercicios 2016 y 2017 obligan a publicar las licitaciones de contratos menores en el perfil del contratante municipal, algo que se hizo el pasado verano y que, según se afirma en un informe del Área de Servicios Públicos, fue esta la vía por la que se presentó la oferta de ACAL, la única que recibieron. Sin embargo, el Ayuntamiento de ZEC solo contó con la oferta de esta última.

El interventor municipal no fue el único que reprobó este contrato. En la comisión de Servicios Públicos celebrada el 23 de enero de 2017, todos los partidos de la oposición coincidieron en la crítica a la adjudicación de este contrato y se movieron en la misma línea que el interventor. "Ya expresamos en su momento que no entendíamos que se tuviese que externalizar, precisamente, la asistencia técnica para poder municipalizar servicios", dijo Carmelo Asensio (CHA). Marta Aparicio (PSOE) fue la más dura y acusó a ZEC de haber tirado "20.000 euros a la basura", algo que también destacó Elena Martínez (Ciudadanos), que añadió que el equipo de Gobierno municipal "tendrá que explicar por qué no gestiona adecuadamente el dinero público". "Solamente porque hay que darles la razón a ustedes y llevar la contraria a los propios informes municipales, se van ustedes hasta Murcia, y se presenta uno, cuando hay obligación de las bases del Presupuesto para que se presenten tres", aseveró por su parte Sebastián Contín (PP).

Cuando el Ayuntamiento de Zaragoza adjudicó el contrato a ACAL ya se había hecho pública su presunta implicación en la trama, pero como los hechos continúan siendo investigados en sede judicial y no hay sentencia firme, no hay ninguna prohibición vigente para contratar con esta empresa. No necesitaron fallo judicial en Cehegín, una localidad cercana a Caravaca de la Cruz de unos 15.000 habitantes. En su Ayuntamiento, el concejal de Cehegín por el Cambio, un partido afín a Podemos, rechazó en agosto de 2015 que el despacho jurídico ACAL realizara una auditoría de la situación financiera de ese Consistorio precisamente por la presunta relación del bufete con el caso Roblecillo.