El Ayuntamiento transfiere el padrón a la DGA para que cobre el ICA a los zaragozanos

Rivarés considera el impuesto "injustísimo" y advierte de que continúan en marcha los procesos judiciales contra "esta barbaridad".

Los concejales Teresa Artigas y Fernando Rivarés, en la rueda de prensa de ayer.
ZEC cede y transfiere parte de los datos para que la DGA cobre el ICA a los zaragozanos
Dani Marcos/Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado a transferir los datos del padrón municipal al Gobierno de Aragón para que este comience a cobrar el Impuesto de Contaminación de Aguas a los zaragozanos. El concejal de Economía, Fernando Rivarés, ha apuntado que el impuesto sigue pareciéndole “injustísimo” al Consistorio pero que han pasado los datos “por obligación legal”, dado que hoy concluía el plazo para hacerlo.

No obstante, el Ayuntamiento seguirá dando la batalla legal pues hay varios procedimientos jurídicos abiertos: un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional y otro litigio en lo contencioso administrativo.

“Estamos radicalmente en desacuerdo con esta ley porque el ICA es un impuesto bárbaro e injustísimo que viola la progresividad fiscal, ataca al turismo, pequeño comercio”, ha dicho Rivarés, que ha acusado a la DGA de querer “27 millones de euros para pagar un pufo histórico del plan de saneamiento que nunca fue real ni se cumplió, que estuvo sobredimensionado y que viola las directivas europeas del agua”. El Consistorio de la capital aragonesa siempre se ha negado a pagar el ICA , argumentando que el Ayuntamiento ha asumido de forma íntegra el coste de sus infraestructuras de depuración, incluida la multimillonaria estación de La Cartuja.

El alcalde Santisteve ha dicho que es urgente la reunión de la comisión bilateral de la ley de Capitalidad, porque considera es “descorazonador” tanto el impuesto del ICA como el que no se haya abonado aún la deuda del tranvía. Con el impuesto de aguas “se pretende extraer de la economía local más de 500 millones en 30 años”, ha dicho el primer edil.

Por su parte, José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores, asegura que “ya estamos preparando nuestros gabinetes jurídicos para en cuanto lleguen los primeros recibos a los ciudadanos de Zaragoza que se produzcan una auténtica avalancha de reclamaciones”. Para los habitantes de Zaragoza, en el peor de los casos, el impuesto les llevará a pasar de pagar una media de 26 euros a abonar 35 a lo largo del ejercicio.

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