Un chófer y un vendedor admiten que los usaron para estafar 3 millones a 86 familias en Arcosur
Los supuestos ideólogos de la trama los colocaron al frente de una cooperativa de viviendas para apropiarse de los fondos. El fiscal pedía 14 años para cada uno de los ocho acusados, pero rebajará la pena a los que han confesado el engaño.
La Audiencia de Zaragoza sentó ayer en el banquillo de los acusados a los ocho presuntos artífices de una estafa con la que se volatilizaron los más de tres millones de euros que adelantaron 86 cooperativistas entre 2008 y 2010 para que levantaran sus casas en Arcosur. Según la Fiscalía, los encausados no tuvieron nunca la más mínima intención de construir nada y su única finalidad fue la de "distraer" los ahorros de estas familias en beneficio propio. De ahí que ahora pida penas de hasta 14 años de prisión y multas de más de 6 millones de euros para cada uno de ellos por delitos de estafa y blanqueo de capitales.
A la cabeza de esta supuesta trama fraudulenta las acusaciones además del ministerio público están personados la propia cooperativa y varios afectados, a título individual sitúan a dos empresarios vinculados al negocio inmobiliario: Julio Pinilla Miguel y Carlos Álvarez Pérez. Como cómplices de los anteriores a la hora de pergeñar el engaño identifican también a un abogado, Pedro Garcés; un gestor, Tomás Laviña Pinilla; dos comisionistas, Julián Seral y Bárbara Menéndez; y un par de hombres de paja, el chófer Fernando Benito y el comercial Antonio Jesús Villalba.
Fueron precisamente las confesiones de estos dos últimos las que servirán a la Fiscalía para apuntalar la acusación contra los supuestos cerebros de la llamada Operación Burbuja, ya que ambos admitieron ayer que fueron colocados por Pinilla y Álvarez al frente de la cooperativa para poder controlarla y hacerse con el capital desembolsado por las familias. "Nunca fue mi intención estafar a gente trabajadora como puedo serlo yo. Y eso es lo que más me reconcome. A mí me colocaron como presidente de la cooperativa, aunque me limitaba a firmar y hacer lo que ellos me decían", declaró Jesús Villalba Asín. Como él, Fernando Benito admitió ante el tribunal que fue Pinilla quien le invitó a entrar a formar parte de la cooperativa y ocupar el cargo de tesorero.
"Yo conocía a Pinilla porque trabajaba de chófer para su mujer y sus hijos. No tenía pensado comprar ninguna casa en Arcosur, pero al ofrecerme mil euros mensuales acepté la oferta de hacer de tesorero. Al final, el beneficio para mí ha sido pequeño y el problema bien grande", confesó.
Cinco posibles acuerdos
El conductor reconoció su parte de culpa tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que se ha comprometido a rebajarle la pena a dos años. Para que el pacto sea firme y le permita evitar la prisión, este habrá de devolver antes de que acabe el juicio los 3.000 euros que se embolsó de forma ilícita. El ministerio público llegó a un arreglo similar con la comisionista y pareja de Pinilla, Bárbara Menéndez, y con el letrado Pedro Garcés. De hecho, la primera devolvió ya este lunes 48.000 euros y dejó de ser acusada penal para convertirse en partícipe a modo lucrativo.
El Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional implicó en este asunto al abogado al descubrir que le habían pagado con fondos de la cooperativa una venta de acciones. "Yo cobré 25.000 euros en dos plazos, pero ignoraba que habían utilizado dinero de los cooperativistas. Lo supe cuando me tomaron declaración en comisaría", aseguró.
El cuarto acusado en llegar a un acuerdo con la Fiscalía fue Julián Seral, quien cobró una suculenta comisión por intermediar entre la cooperativa y Dumesa, sociedad a la que se pagaron 1,2 millones como anticipo por la compra de la parcela donde se iban a construir las viviendas. Para que les rebajen las penas, estos dos acusados habrán de desembolsar también las sumas percibidas. Al acuerdo podría sumarse hoy Tomás Laviña, exsocio de Pinilla y también comisionista en la compra del suelo.
El principal encausado, Julio Pinilla, negó ayer haber movido hilos para hacerse con el control de la cooperativa y apoderarse de sus fondos. "Eran la asamblea y el consejo rector los que tomaban las decisiones de forma autónoma", declaró.
En la misma línea, Carlos Álvarez explicó que se contrató a su gestora para hacer un trabajo "comercial y financiero". Según este, el proyecto era viable, pero se fue al traste por la crisis y porque no se logró que ningún banco avalara la promoción.
