El Ayuntamiento levanta la suspensión al jefe de Tráfico investigado por grabar a sus compañeras

Javier V., en libertad con cargos, se reubica en el Servicio Jurídico de Mercados tras seis meses apartado.

Imagen del exterior del nuevo cuartel de la Policía Local de Zaragoza.
Imagen del exterior del nuevo cuartel de la Policía Local de Zaragoza.
J.M. Marco

El Ayuntamiento de Zaragoza ha levantado la suspensión de empleo y sueldo que había impuesto a Javier V., el jefe de la Oficina de Tráfico de la Policía Local investigado por la presunta colocación de cámaras ocultas para grabar a sus compañeras. El funcionario ha sido reubicado y desde ahora desempeñará sus funciones en el Servicio Jurídico de Mercados, encargado entre otras cuestiones de las licencias y permisos de la venta ambulante en la capital aragonesa.

El Consistorio ha tomado esta medida medio año después de apartarlo de su cargo, tal y como anunció el consejero municipal Fernando Rivarés -“un máximo de seis meses”, dijo- tras la detención del trabajador en su despacho del cuartel de La Paz por parte de la Policía Nacional el pasado 8 de septiembre, a raíz de la denuncia de dos mujeres por un presunto delito contra el honor y la intimidad.

En cualquier caso, la decisión quedaba a expensas de los avances en la investigación del caso, que todavía se encuentra en fase de instrucción. El que fuera responsable último de la tramitación de todos los expedientes sancionadores que inicia la Policía Local se encuentra en la actualidad en libertad con cargos tras prestar declaración ante la juez en enero.

En su testimonio reconoció que usaba un bolígrafo con cámara de video integrada, pero que solo lo tenía “por seguridad” ya que, dado su cargo, recibía coacciones y quería tener pruebas de las mismas. Negó ante la magistrada, por tanto, que las imágenes obtenidas tuvieran una finalidad sexual, a pesar de que se tomaban por debajo de la cintura. “En ningún momento pensé que estuviera haciendo nada ilegal”, declaró.

Desde su detención, el funcionario municipal -no es agente de Policía- ha estado apartado de sus funciones y ha percibido el 50% de su salario, tal y como estipula la Ley en estos casos, según informó el propio Rivarés. Ahora asumirá tareas administrativas pero no desarrollará su labor de cara al público, según han confirmado fuentes oficiales.

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