Ni Ricardo García Becerril, exgerente de Plaza, ni Carlos Esco, exviceconsejero de Obras Públicas (PSOE), ni el empresario Santiago Becerril se movieron un ápice de sus posturas iniciales. El primer día del juicio por el caso Kartódromo sirvió ayer para que cada uno de ellos ratificara sus declaraciones y negaran las acusaciones de malversación de caudales públicos y cohecho que recaen sobre ellos.

La Fiscalía, Plaza y el Gobierno de Aragón los acusan de haberse puesto de acuerdo para que la empresa pública pagara 6,3 millones de euros en 2004 a Santiago Becerril por sus terrenos cuando, según el peritaje judicial (que las defensas cuestionan), valían dos veces menos, en concreto 2,3 millones, lo que supuestamente causó un perjuicio al erario.

Además, el empresario reconoció abiertamente, como ya hizo ante la Policía y el juez, que pagó una comisión de un 10% a García Becerril porque este se la exigió. Lo hizo en tres pagarés de 220.370 euros cada uno, que le entregó en billetes de 500 en un hotel de Zaragoza. Igualmente, aseguró que nunca ha visto ni conoce a Carlos Esco y que no puede asegurar que recibiera parte de ese dinero, como sostiene la Policía.

Las nueve horas que duró la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial fueron aprovechadas por los tres encausados para dejar claros aspectos importantes. Por un lado, Ricardo García Becerril subrayó que el consejo de administración de Plaza le encargó la tarea de negociar la compra "directa" y "urgente" del kartódromo porque de pronto vieron que eran sumamente necesarios para crear un buen acceso al centro comercial. Además, debían darse prisa por la pugna que mantenían con Puerto Venecia y la proximidad de la fecha para levantar la moratoria sobre grandes superficies en Zaragoza.

"Como era urgente me puse manos a la obra. Sabía que los terrenos eran de Santiago Becerril. Primero me dijo que no quería vender porque siete familias vivían del negocio del karting, pero que por 1.300 millones de pesetas lo haría", declaró García Becerril. Tras una negociación "muy dura", añadió, logró que lo vendiera por 1.050 millones de pesetas. "Le dije que no podía pagar por encima de esa cantidad y, además, le vendí una nave por 500.000 euros y una reserva de parcela para un lavadero de coches por otro tanto, con lo que fue un negocio redondo para Plaza", aseguró. A la pregunta de si le pidió una comisión respondió: "Es rotundamente falso. Eso no se ha hecho en Plaza jamás". Ante la acusación del otro imputado dijo que era "pura ficción" y que lo hacía aprovechando este "lío jurídico" en el que él es "el paganini".

No dijo lo mismo Santiago Becerril. Además de insinuar que vendió "presionado" ante la posibilidad de ser expropiado, añadió que el exgerente le exigió una comisión del 10%. Declaró que ahora se siente "engañado" porque Plaza vendió después la macroparcela comercial, que incluía el suelo del kartódromo, por 67 millones de euros. Admitió que comentó con su hijo y su abogado de entonces, Rafael Alcázar, el abono de la comisión y le recomendaron que no pagara más: "Pero había dado ya mi palabra y le entregué el tercer plazo", manifestó.

Por su parte, Carlos Esco explicó que la compra de la parcela fue aprobada por unanimidad por el consejo de administración y que nadie, de entre los economistas y financieros que lo integraban, puso "ni una pega" al precio. Resaltó que "nunca" se hicieron tasaciones "ni para comprar ni para vender". "El 95% fueron expropiaciones y había hojas de aprecio", declaró. Esco negó rotundamente haber cobrado una comisión, recordó que su relación con García Becerril no era buena y dijo que, en su opinión, está en el banquillo porque el caso Plaza "necesitaba un político" que, además, no estuviera aforado, como es su caso. También explicó que los 270.000 euros de su patrimonio para los que la Policía no encuentra justificación sí que la tienen, entre otros motivos por la herencia de su suegro.