La jueza suspende hasta que haya una sentencia la municipalización del servicio telefónico 010
Mantiene la cautelar solicitada por la CEOE para "evitar posibles situaciones irreversibles" que afecten a la plantilla.
La magistrada del Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza, Concepción Gimeno, decidió ayer mantener la medida cautelar adoptada el pasado 24 de febrero por la que se suspende la municipalización del servicio de atención telefónica 010. Lo hace para "salvaguardar todos los intereses en conflicto y evitar situaciones irreversibles", según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
El servicio lo continuará prestando la empresa Pyrenalia hasta que haya una sentencia definitiva sobre el conflicto abierto puede tardar más de un año, después de que el gobierno de ZEC decidiera recuperar la gestión de la contrata. Este rescate fue recurrido tanto por la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza) como por la Delegación del Gobierno.
En el auto hecho público ayer, tras haber escuchado a todas las partes implicadas el pasado martes, la jueza entiende que "no ejecutar de manera inmediata lo recurrido no supone un grave perjuicio al interés público". Considera que deben, además, "protegerse los intereses de terceros que pueden resultar afectados y que no deben verse sometidos a los vaivenes que el devenir de la cuestión puede conllevar".
En su escrito dice también que la ejecución inmediata de la municipalización impugnada "no tendría una fácil reversibilidad" porque se procedería a la "integración en la estructura municipal" de las catorce trabajadoras afectadas. En este sentido da la razón a la CEOE y al abogado del Estado que en la comparecencia argumentaron que, de hacerse efectiva la remunicipalización del servicio, se produciría un "daño irreparable" tanto para el Ayuntamiento como para las propias empleadas. La juez también asegura que levantar la cautelar sin tener sentencia "implicaría imprimir inseguridad" a la situación y la condición laboral de la plantilla municipal.
La magistrada concluye su auto añadiendo que pese a que "no se encuentran aún formalizadas las demandas, la cuestión que se plantea implica el análisis y consideración de numerosas cuestiones jurídicas, no ajenas a un intenso debate, que merecen una decisión que se adopte tras el análisis de toda la información necesaria, que aún no obra en autos".
ZEC exige que la empresa pague
El auto señala que, en aras de proteger los intereses de terceros, "se citó al representante legal de Pyrenalia, empleador de las trabajadoras, quien bajo juramento manifestó al Juzgado estar en disposición de seguir prestando el servicio encomendado por el Ayuntamiento, haciéndose cargo de las obligaciones que del mismo se deriven". En este sentido, tras el revés recibido ayer a sus planes de remunicipalizar servicios, el concejal Alberto Cubero se limitó a decir que el gobierno de ZEC exigirá que Pyrenalia cumpla con el pago de las nóminas de las trabajadoras.
"Del mismo modo que el Ayuntamiento ha pagado diligentemente sus facturas con Pyrenalia, las trabajadoras deberían ver sus nóminas ingresadas sin demora alguna por parte de la empresa", dijo ayer Cubero. "Los titulares de la compañía han declarado bajo juramento y libremente que pueden hacerse cargo de continuar siendo empleadores, y eso implica que lo hagan con derechos y también con deberes", concluyó el edil.
