Un 25% de las familias atendidas por la Oficina Municipal de Vivienda no tienen ningún ingreso

Un 49% de quienes acuden a solicitar esta mediación tienen cuotas pendientes de su hipoteca pero aún no se ha iniciado procedimiento de ejecución.

La Oficina municipal de Zaragoza Vivienda atendió el pasado año 396 casos de desahucios de familias deudoras de buena fe por causas sobrevenidas, todos los que ha tenido conocimiento.

El concejal de Vivienda, Pablo Híjar, y el director de la Oficina, Sergio Castells, han hecho este jueves el balance anual de este recurso municipal que, según han expresado, "desgraciadamente sigue siendo muy necesario para la ciudad de Zaragoza", informan fuentes municipales en una nota de prensa.

El Ayuntamiento de Zaragoza creó la Oficina Municipal de Vivienda en julio de 2015 con el objetivo de atender a ciudadanos en riesgo de pérdida de vivienda generados por la imposibilidad de afrontar el pago de sus hipotecas o de las rentas de alquiler, a través del asesoramiento, la mediación y, dado el caso de emergencia habitacional, ayudar en la búsqueda de alternativas.

Para el desarrollo de sus objetivos, lleva a cabo programas de mediación en deuda hipotecaria, que se desarrolla desde junio de 2012 y se integró en la actividad de la Oficina, y de arrendamiento de viviendas, que se puso en marcha en julio de 2015.

En 2016 se renovó también el convenio con el Colegio de Abogados de Zaragoza para la asignación de letrados especializados en mediación al programa, al que se asignaron siete mediadores para este ejercicio y tres trabajadores sociales de Zaragoza Vivienda.

Además, se firmó un convenio con el Colegio de Trabajo Social de Aragón para la asignación de dos trabajadoras sociales con funciones de intervención socio-económica y mediación en alquileres. Ambos convenios serán renovados en las próximas semanas.

En 2016, la Unidad de Información y Atención al Ciudadano atendió a 588 personas que pidieron información sobre el programa o realizaron consultas puntuales, parte de los que fueron derivados desde los Centros Municipales de Servicios Sociales, otras entidades como el Gobierno de Aragón, agentes sociales, plataformas como Stop Desahucios o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) e incluso desde juzgados y entidades financieras.

Estas atenciones generaron 103 expedientes o solicitudes de mediación en deuda hipotecaria, (fueron 128 en 2015, 125 en 2014 y 187 de 2013), bajada que los técnicos municipales atribuyen a un descenso de la demanda tras reducirse la problemática hipotecaria en los años previos, aunque con casos más complejos.

Además, se han atendido y redactado solicitudes a Juzgados de suspensión de lanzamientos por vulnerabilidad e informes sociales. También son frecuentes otros asesoramientos complementarios sobre contenidos de préstamos hipotecarios, cláusulas abusivas o plusvalías.

En los casos menos desfavorables, un 25% de los solicitantes tiene algún integrante de la unidad familiar trabajo, aunque en muchas ocasiones de forma precaria, con ingresos insuficientes para atender las cuotas hipotecarias y las necesidades básicas familiares.

Además, un 12% son pensionistas, el 38% percibe prestaciones por desempleo o ayudas sociales con vigencia limitada y con búsqueda infructuosa de empleo y en un 25% de los casos las unidades familiares no tienen ningún tipo de ingreso oficial, dependiendo directamente de ayudas de urgencia o del apoyo familiar.

De las 103 personas que han solicitado mediación hipotecaria, 77 son españoles, 4 europeos, 11 americanos, 10 africanos y 1 asiático.

El estado de las deudas hipotecarias cuando acuden al programa son un 19% en fase de previsión sin cuotas aún pendientes pero con problemas para su pago, un 49% con cuotas pendientes sin procedimiento de ejecución hipotecaria y un 32% con procedimiento de ejecución en curso.

Del centenar de casos atendidos, cinco familias han sido realojadas en viviendas sociales municipales gestionadas por Zaragoza Vivienda, motivo por el que Híjar ha insistido en la necesidad "de seguir aumentado el parque público de vivienda social", que este mandato ha sumado 340 viviendas.

La Unidad de Información y Atención al Ciudadano atendió 814 consultas en 2016, y abrió 292 expedientes de mediación frente a los 114 de 2015.

Como resultado de la mediación, se produjeron 64 realojos en viviendas de alquiler social municipales, que suman 90 desde inicio de programa en julio de 2015.

Los perfiles de las unidades de convivencia son mayoritariamente matrimonios, parejas o separados/divorciados con hijos. Varios en situaciones de vulnerabilidad al darse circunstancias como monoparental con hijos, familia numerosa, discapacidad y algún caso de violencia de género.

Las situaciones económicas son muy precarias y aunque algunos perciben pensiones de viudedad o discapacidad, la gran mayoría subsisten gracias a prestaciones de desempleo, subsidios, ayudas sociales o el IAI, principal causa de no poder acometer los pagos de alquiler, y la mayoría son usuarios de los Centros Municipales de Servicios Sociales.

Dos tercios de las mediaciones, 184 casos, han sido con familias españolas, otros 23 europeos, 24 americanos y 51 africanos.

Al entrar en el programa el 36,45% no tenía demanda, lo que permite un mayor margen de mediación, mientras que en el 47,29% de los casos ya existía demanda de juicio verbal de desahucio, lo que implica límites de mediación y temporales para alcanzar una solución sea acuerdo o alternativa habitacional.

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