UGT denuncia el deterioro del servicio de limpieza del Servet

El sindicato acusa a la concesionaria del servicio de "deteriorarlo de forma deliberada".

El Hospital Miguel Servet de Zaragoza
El Hospital Miguel Servet de Zaragoza
Heraldo

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT ha acusado a Limpisa-Grupo Norte, la concesionaria del servicio de limpieza del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, de deteriorar el servicio en el área de traumatología "de forma deliberada".


Según ha informado este lunes UGT en una nota de prensa, la falta de personal de limpieza para cubrir zonas, en especial del hospital de traumatología, ha sido una constante desde que la contratista se hizo cargo de los servicios y ahora, cuando ya sabe que volverá a contratar con el Salud, "la situación se ha agravado".


UGT ha denunciado que a pesar de que el Salud ha pedido a la empresa más personal, la contrata lleva desde finales de noviembre dejando descubierta la limpieza de las principales zonas críticas del edificio de traumatología, que concentra la mayoría de las de todo el complejo hospitalario, como son quirófanos, urgencias y hospitalización.


En este sentido, ha afirmado que los trabajadores en numerosas ocasiones tienen que triplicar zonas de trabajo, por lo que la eficacia de la labor de limpieza se ve gravemente mermada.


Asimismo, Limpisa adeuda desde octubre salarios al 30 % de la plantilla de limpieza del hospital de traumatología en conceptos como nocturnidad y trabajo en festivos, alcanzando esa deuda los 600 euros en el caso de algún trabajador.


Según la citada nota, la externalización de los servicios por las administraciones públicas, de forma general, no cubre las exigencias de estas ni de los usuarios de los servicios.


Además, el sindicato ha afirmado que Limpisa-Grupo Norte ya cuenta con una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por vulneración del derecho fundamental del huelga (2013), diferentes actas de infracción de la Autoridad Laboral y, desde 2013, 1,64 millones de euros en sanciones impuestas a la contratista por el propio Salud por incumplimientos graves del contrato de prestación de servicios.

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